Familiares del presidente podrían enfrentarse a “condenas enormes”, señala abogado

Los abogados que participaron en el programa A Primera Hora consideraron que la tipificación de delitos en el caso Botín Registro de la Propiedad debería revisarse.

Por Nancy Alvarez

La resolución emitida ayer por la Sala Tercera de Apelaciones, que ordena que Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, enfrente juicio por el delito de lavado de dinero como parte del caso Botín Registro de la Propiedad, fue el tema analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

La referida sala rechazó además una acción presentada por la defensa de “Sammy” y José Manuel Morales, hijo del mandatario, por medio de la cual intentaban separar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como querellante en el proceso.

Los entrevistados se pronunciaron también acerca de si se trata o no de un caso político y sobre si las decisiones de la Sala son las que correspondían.

Como invitados en cabina participaron Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC); y Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista. Mientras que por la vía telefónica se conversó con Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP); y Oscar Poroj, abogado de Morales.

Penas “enormes”

Según el abogado penalista, las condenas que podrían enfrentar el hijo y el hermano del presidente “son enormes”.

Pérez explicó que Samuel podría recibir una pena de 6 años y medio por fraude y 6 años de prisión por lavado de dinero.

“Es decir, que se estaría enfrentando a entre 12 y 13 años de cárcel inconmutables por haber dado una factura”, indicó.

En cuanto al hijo del mandatario, la pena mínima podría ser de 6 años y medio, añadió.

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“Llegar a juicio con este tamaño de acusaciones me parece que debe ser un acto reflexivo, pues es un abuso, porque los hechos no dan para estas acusaciones tan grandes”, expresó el experto.

“Sí creo que deben ser juzgados y condenados, si así lo considera la judicatura, pero como abogado yo no veo que los hechos cometidos correspondan a delitos por los cuales están siendo juzgados”, afirmó Pérez Trabanino.

El penalista mencionó que si bien hubo un negocio fraudulento para el Estado, no todos los involucrados en el caso cometieron fraude, y se debe analizar la responsabilidad de cada uno en los hechos.

Añadió que pueden existir los delitos de fraude, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y defraudación tributaria, cometidos por los diferentes sindicados.

En cuanto al hijo y el hermano de Jimmy Morales, Pérez dijo que ellos no planificaron el hecho y tampoco ejecutaron una acción que no habría podido hacerse sin que estuvieran presentes, por lo cual deben considerarse como actores secundarios.

“Uno pidió una factura y el otro se la dio, quizá cometieron actos delictivos pero no de ese tamaño y menos un fraude continuado”, resaltó.

Argumentos del MP

El jefe de la FECI explicó que de acuerdo con el Código Penal, existen diferentes modalidades para cometer lavado de dinero y una de esas es cuando alguien realiza transacciones financieras con recursos que tiene conocimiento que son de origen ilícito.

En ese concepto se enmarcan los señalamientos contra Samuel Morales por ese delito, añadió.

La tesis es que esta persona recibió recursos con conocimiento que estos tenían procedencia ilícita, los hizo circular por sus cuentas bancarias y luego hizo un retiro de dinero para entregárselo a una persona, explicó Sandoval.

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De igual forma recalcó que la situación del hermano del presidente ha sido y seguirá siendo conocida en Tribunales, y dijo que la resolución de la Sala de Apelaciones implica que esos hechos se deberán discutir en debate oral y público.

Por aparte, Luna Villacorta expresó que el caso Botín Registro de la Propiedad aparenta que sí se trata de actos de corrupción, pero aseguró que habrá que demostrarlo y probarlo fehacientemente.

Tipificación de delitos no corresponde

A criterio del abogado Oscar Poroj, defensor de Samuel Morales, la resolución de los magistrados no tiene fundamento. A su criterio, hay violación al derecho de defensa.

El entrevistado explicó que hay un principio del derecho que establece que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, tal como explicó se está haciendo con su defendido.

“Se repiten los mismos hechos para fraude y para lavado de dinero”, indicó.

También se refirió a que esta situación ya se discutió en la judicatura que conoce el caso y esta resolvió que la defensa tenía razón. Sin embargo, la Sala tiene otra interpretación, aunque a su pensar, “no le asiste la razón”, afirmó.

Pérez Trabanino coincidió en cuanto a que un hecho no puede ser juzgado en diferente forma dos veces o tres veces. Entonces, o cometió fraude o lavado, resaltó con relación a Morales.

“Creo que no hay lavado en este caso. No todo el manejo del dinero que puede venir de un delito se puede considerar como lavado”, señaló el penalista.

En tanto, Luna mencionó que puede ser que no corresponda la tipificación de delitos, por lo cual tendrá que ser revisada.

En cuanto a la resolución de la Sala dijo que puede ser impugnada por la defensa, aunque aclaró que eso hará que proceso se haga más lento y tardado.

Por aparte, Pérez se refirió a que es excesiva la forma en que el MP ha abordado el caso Botín Registro de la Propiedad, pues señala que no había necesidad de hacer un operativo tan grande para capturar a Samuel Morales y a su sobrino José Manuel Morales, ni meterlos a la cárcel durante 40 días para después obtener medidas sustitutivas, pues ellos ya se habían presentado ante la justicia.

“Este caso ha sido muy inflado, excesivo y eso ha victimizado a los sindicados”, recalcó Pérez.

¿Caso político?

Sandoval señaló que la acusación que ha hecho la Fiscalía es jurídica y consideró que no es un caso político.

El fiscal recordó que el año pasado, cuando se operativizó el caso que involucra al Registro General de la Propiedad, la propia investigación se encaminó a elementos que hacían susceptible hacer señalamientos a quienes ahora están involucrados.

“Consideramos que la Fiscalía ha actuado responsablemente”, indicó al recordar que las sindicaciones de los familiares del presidente surgieron en el marco de la investigación, y no fue el MP el que buscó si había alguien vinculado al presidente que pudiera haber tenido participación en los hechos.

Para Pérez Trabanino, “este no es un juicio político porque los medios lo hayan llevado a la gente, sino porque involucra a familiares del presidente”.

De acuerdo con Luna, este es un caso “especial, vigilado y comentado por todo el mundo”, debido a que son familiares del presidente. Por esta situación, el entrevistado cree que es difícil “quitarle lo político”.

En ese contexto, el abogado defensor de Morales expresó: “buscamos juicios de derecho, no políticos ni basados en publicidad”.

¿Hay distanciamiento entre el Ejecutivo, CICIG y el MP?

A criterio de Pérez Trabanino, este es un juicio que para la defensa tiene un componente político muy grande y hay que saberlo leer. Esto con relación a que los abogados de los Morales buscan que la CICIG no sea querellante.

“Tratar de sacar a la CICIG de este caso era una batalla perdida, esto no iba a pasar nunca porque es una investigación que nace del trabajo de es comisión. Esto logró el efecto contrario que es politizar y hacer creer que el presidente quiere sacar a la CICIG”, dijo el abogado penalista.

Por aparte Pérez mencionó que este es un caso muy particular entre los casos de corrupción que se han manejado últimamente, y que podría ser el primero en llegar a sentencia.

“Tal vez sea el primer debate de la CICIG y las primeras condenas que la CICIG obtenga”, consideró.

Sobre ello, Luna afirmó que “pareciera que llegará a juicio pronto, o al menos primero que otros casos de corrupción”.

En tanto, al ser consultado sobre si este caso podría alcanzar al Presidente, Pérez afirmó que “ya lo alcanzó”, pues esto marcó una diferencia entres el antes y el después en la relación del MP y la CICIG con el Ejecutivo.

Añadió que esta investigación sale del esfuerzo de investigación de la CICIG y el MP de fiscalizar los procesos en el Registro de la Propiedad, donde eventualmente aparecieron el hijo y el hermano del presidente, y es evidente que no era el objetivo del MP sino que fue algo que surgió.

Pese a ello, mencionó que es “evidente el distanciamiento que tiene el presidente con el MP”.

Sobre esto, Luna dijo que se nota la molestia del presidente por el tema, pues es hermano y padre y está molesto. A su criterio, hubo un alejamiento entre el MP y la Presidencia que eso es “humanamente normal”.

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