Acciones de la Contraloría son casi una “cacería de brujas”, consideran expertos

Por Nancy Alvarez

La ejecución presupuestaria de las entidades públicas en el primer semestre del año 2017, que no supera el 40 por ciento, fue el tema analizado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron Edgar Balsells Conde, exministro de Finanzas Públicas; y Hugo Maúl, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Mientras que por vía telefónica se conversó con Julio Héctor Estrada, titular de la cartera de Finanzas; y Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

De acuerdo con datos publicados en la página del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), de enero a junio de 2017, la ejecución presupuestaria fue de 39.6%, es decir que se redujo en comparación con el año 2016, cuando en el mismo período fue de 40.3%. La cartera que presenta menor movimiento es la de Desarrollo Social, con 10.3% de ejecución de su presupuesto.

“Cacería de brujas”

Funcionarios de diferentes entidades han dicho en varias ocasiones que temen a ser denunciados penalmente, esto tomando en cuenta los hallazgos que la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha hecho. El informe de la ejecución presupuestaria de 2016, emitido por esa entidad, reflejó más de 4 mil hallazgos y la aplicación de sanciones por Q175.9 millones.

En ese contexto, Maúl consideró que las acciones de la Contraloría han llegado a ser casi una “cacería de brujas”.

Balsells y Maúl coincidieron al decir que tras las movilizaciones ciudadanas realizadas y los temas de corrupción que salieron a la luz en 2015, se aplicaron ciertas reformas “casuísticas”, en cuya discusión no participaron todos los involucrados, lo cual ahora ha generado complicaciones en la ejecución de los fondos públicos.

Balsells mencionó que la Comisión de Transparencia, con buenas intenciones, redactó una serie de candados para el Presupuesto 2017; sin embargo, estos establecen normativas a largo plazo, pese a que el presupuesto dura solo 12 meses.

A criterio de Estrada, las leyes se plantean para aplicarlas de forma inmediata; sin embargo debe existir un proceso de preparación técnica y aprendizaje, lo cual lleva tiempo.

“El presupuesto es para un año y se plantearon reformas de largo plazo. Hubo tremendos errores de confección en esa ley porque fue elaborada desde el escritorio y no en consenso con unidades ejecutoras”, expresó Balsells.

Como ejemplo de ello, el exministro citó el tema del Ministerio de Desarrollo Social, ya que la ley establece que antes de que a esa dependencia se le puedan hacer transferencias y ejecutar fondos de ciertos programas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe hacer un censo.

“El Instituto se puede tardar un año en hacer el censo y entonces no se dan transferencias”, afirmó.

 

Balsells añadió que hay deficiencias en ciertas entidades. Sobre el INE dijo que “es una oficina que está en completa decadencia desde hace 20 años”. Y en cuanto a la Contraloría indicó que se contrata a gente que no entiende de debidos procesos.

Mientras que Maúl consideró que la Contraloría merece ser repensada y fortalecida para que se deja “esa casi persecución que se está teniendo a lo largo y ancho del sector público”, y pueda ser un trabajo conjunto y de aprendizaje en base a los hallazgos y corrección de estos.

En la normativa actual, los auditores que llegan a hacer procesos de revisión tienen un “sistema de incentivos perversos”, es decir que parte de su salario depende de los hallazgos, agregó el economista del Cien.

 

Por el contrario, Barrientos consideró que el INE no tiene nada que ver con una institución obsoleta, sino que ha desarrollado una capacidad bastante óptima para fijar precios de referencia.

Incertidumbre

En tanto, Maúl indicó que hay incertidumbre con respecto a la interpretación del procedimiento.

“Hay vacíos normativos y áreas grises que nadie puede saber cuál es la interpretación correcta”, afirmó el economista.

En tanto, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, lo que se ha planteado es quitar algunos aspectos planteados por la comisión de Finanzas que generaron incertidumbre en ejecución de presupuesto.

“Más que quitar candados, es dar claridad y certeza jurídica, no es un tema de quitar controles”, aseguró.

Maúl también se refirió a que para ejecutar fondos públicos no solo interviene la ley de Presupuesto, sino la de Compras y Contrataciones, la de Servicio Civil y diferentes leyes orgánicas específicas; y es en la intersección de estas leyes cuando se generan “lagunas”, pues la entidad puede cumplir con una ley, pero incumplir con otra, explicó.

Dijo que “la gente que no ejecuta lo está haciendo por salvar su pellejo”. “La gente antes de ir a la cárcel prefiere la inacción y prefiere no tomar decisiones”, expresó.

En contraste, Ricardo Barrientos detalló que no se debe “echar la culpa” a las leyes del Presupuesto y de Contrataciones, pues se ha analizado que las cifras de ejecución que muestran mayores atrasos son las que tienen fuentes de financiamiento de préstamos y donaciones externas, las cuales no están obligadas a cumplir esas normativas.

Estrada: “Los ministros seguimos tomando una serie de riesgos”

Estrada indicó que se continúa trabajando, pero que se está tomando una serie de riesgos. “Estamos sacando dictámenes técnicos y tratando de darles respaldo a los funcionarios, pero claramente se disminuye la velocidad (de las labores)”, añadió.

De igual forma, se refirió a la importancia de proteger a los buenos funcionarios y de mantener la lucha contra la corrupción; sin embargo, explicó que se debe encontrar un rol menos adversario y más constructivo para que funcionarios puedan actuar con mayor tranquilidad y confianza.

El ministro señaló que actualmente se interponen 10 denuncias penales diarias en el Ministerio Público por temas de administración; sin embargo, aclaró que algunos de estos deberían ser tratados por la vía administrativa.

“Por temas administrativos se están penalizando muchos casos y eso genera parálisis”, afirmó Estrada.

Por aparte, el ministro recordó que por medio de la subasta inversa se ha aplicado en procesos para la adquisición de diferentes productos, incluidos unos puentes que resultaron comprados a 30% por debajo el precio de referencia y el precio histórico.

Soluciones

Sobre la posible solución a esta situación, Balsells expuso que hacen falta liderazgos. Añadió que el presidente Jimmy Morales sí tiene esa posibilidad de liderar acciones, entre estas, discutir con la Contraloría y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) el tema.

A criterio de Maúl, esta situación solo se puede resolver con una reforma integral donde se analicen las macroleyes relacionadas con el tema. “Seguir haciendo parches solo dificulta más la situación”, aseguró.

Y el titular de la cartera de Finanzas, consideró que las leyes han tenido sus vacíos, y que después habrá que ir parchando o haciendo otras, e incluso una reforma integral.

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