La relación entre la política, los gobiernos y las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico fue el tema abordado este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Como invitados en cabina participaron Carlos Menocal, exministro de Gobernación; y
Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
Además, se dialogó los casos del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes son requeridos por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Ambos exfuncionarios son señalados por el país norteamericano de tener vínculos con el cartel mexicano “Los Zetas”.
Señalamientos contra López Bonilla y Baldetti
El Ministerio Público (MP) remitió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la solicitud formal de extradición enviada por Estados Unidos en contra de López Bonilla.
El exfuncionario es solicitado por las autoridades norteamericanas bajo señalamientos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.
López Bonilla fue acusado en febrero de este año en la Corte del Distrito de Columbia, misma que solicitó este mes la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también por narcotráfico.
Menocal calificó como una situación de alto impacto la acusación que hace la justicia estadounidense contra una ex vicepresidenta y un exministro del Estado guatemalteco.
Díaz y Menocal explicaron que de acuerdo con la ley de Extradición que está vigente, una persona debe primero resolver su situación jurídica a lo interno para luego enfrentar la justicia a nivel internacional. Esto tomando en cuenta que tanto Baldetti como López Bonilla enfrentan procesos por casos de corrupción en Guatemala.
Además, dio a conocer que hay muchas condenas en el caso de los zetas y dijo que en Guatemala ya se desarticuló esa agrupación, por lo cual la misma se limitó a operar en México.
De acuerdo con señalamientos contra ambos exfuncionarios, la fuerza policial estuvo al servicio del crimen organizado. En ese contexto, se debe sentar un precedente tanto en la justicia interna como en la norteamericana, afirmó Díaz.
De igual forma, los invitados coincidieron en la necesidad de trabajar en políticas de Gobierno enfocadas fortalecer las medidas administrativas para así evitar que las actividades delictivas se sigan sosteniendo en el país.
Estado-crimen organizado, ¿un vínculo necesario?
“Siempre van a necesitar gente del Estado para operar”, afirmó el director del ICCPG, con relación a la forma en que realizan las diferentes acciones las organizaciones del crimen organizado, específicamente las dedicadas al narcotráfico.
El entrevistado explicó que, de acuerdo con su experiencia en temas de seguridad y justicia, los grupos del crimen organizado que se especializan en narcotráfico tienen que utilizar a gente del Estado para hacer más eficientes sus actividades criminales.
El experto añadió que se han mencionado casos donde hay financiamiento de narcos para políticos.
En ese contexto, Menocal recordó que fue nombrado como ministro de Gobernación en 2010, y señaló que durante su gestión fueron removidos entre 700 y 900 agentes policiales por tener vínculos con los Zetas. “Incluso fue removido por completo el personal de las comisarías de Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango”, mencionó.
Por aparte, Díaz explicó que desde hace años, por medio de investigaciones ya se identificaba una intromisión de esferas militares en estructuras del crimen organizado. Según indicó, esta participación volvía más sanguinarias las prácticas que esos grupos empleaban.
En tanto, Menocal recordó que el origen de los zetas viene desde México. Explicó que inicialmente fue una estructura formada por militares mexicanos y kaibiles guatemaltecos, la cual se convirtió en una red de narcotráfico y crimen organizado.
También mencionó que la lógica de cómo funciona una cruzada antinarcótica de un Gobierno, está incluido el informar constantemente al Presidente de la República sobre lo que se hace.