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#PlazasFantasma Tribunal condena a Claudia Bolaños a 17 años de prisión y multa de Q3.6 millones. Vía @KMonzon_PN pic.twitter.com/i9DLJKy9pE
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#PlazasFantasma José Blanco recibe condena de 11 años de prisión y multa de Q10 mil pic.twitter.com/NNeBEZ03ex
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#PlazasFantasma El Tribunal detalla que "existió una estructura que operó de junio 2013 a junio 2015" @PublinewsGT pic.twitter.com/qZzf5nHsPz
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El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal emitió condenas de 17 y 11 años de prisión contra Claudia María Bolaños Morales y a José Estuardo Blanco Aguilar, por plazas fantasma en el Congreso de la República. Ambos eran colaboradores cercanos del entonces diputado del Partido Patriota (PP) y expresidente del Legislativo, Pedro Muadi.
En su argumentación el tribunal detalló que Muadi es el principal sospechoso en la estructura de plazas fantasma que operó de junio 2013 a junio 2015 logrando desviar Q4 millones 739 mil por medio de contratos de 15 guaridas parlamentarios.
La condena contra Bolaños Morales fue de 17 años de cárcel y una multa de Q3.6 millones por los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero u otros activos.
El tribunal indicó que la firma y el manejo de chequeras las tenía Bolaños Morales, quien trasladó Q43 mil 634 a la cuenta de una empresa de Muadi.
Ella era administradora de la empresa Productos Servicios y Equipos (PSE) de la que fue socia junto con el exdiputado Muadi. En el Congreso trabajó como asistente de recursos humanos y secretaria II asignada al expresidente del Legislativo.
Blanco Aguilar fue condenado a 11 años de prisión y una multa de Q10 mil por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.
Él era agente de seguridad privada del Grupo SIS, jefe de seguridad de Aldo Herrera, Pedro Cheley y Bernando Gamaliel. En el Congreso tuvo plaza como guardia parlamentario asignado a Muadi, iniciando con un contrato en el renglón 022 y luego pasó a tener una plaza permanente en el renglón 011.
El caso
La acusación del Ministerio Público (MP) se deriva de una denuncia de Acción Ciudadana (AC) en 2013. Un monto de los sueldos de 15 guardias privados, contratados por el Congreso, fueron desviados a la empresa PSE, S.A., cuyo gerente general es Muadi.
La acusación detalla que de junio a diciembre de 2013, pese a que el contrato decía que su sueldo era de Q8 mil mensuales, los 15 custodios no tuvieron acceso a su pago, sino solo a los Q2 mil que la secretaria Bolaños les daba en efectivo.
Bolaños hacía cheques por Q8 mil o Q7 mil que eran depositados en la cuenta bancaria de la sociedad anónima del empresario Muadi.
El 25 de junio de 2015 la Fiscalía solicitó antejuicio en contra del legislador Muadi luego de una investigación de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) y está pendiente de saber si enfrentará juicio.