Ángel Del Villar y Luca Scalisi, productores ejecutivos de la música regional mexicana, fueron capturados el martes, 14 de junio de 2022, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
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De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Del Villar y Scalisi fueron nombrados en una denuncia penal que los acusa de conspiración para realizar transacciones en propiedad de narcotraficantes especialmente designados en violación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
Del Villar, de 41 años, es director ejecutivo de Del Records y su agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment. En 2011, mantuvo una relación con Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda Jenny Rivera. Por su parte, Luca Scalisi, de 56 años, es el director financiero de Del Entertainment.
La denuncia
Según la denuncia presentada, hay una tercera persona involucrada en el caso, Jesús Pérez Alvear, de 37 años, un promotor musical que controla Gallística Diamante y presuntamente promovió conciertos donde figuran “narcotraficantes especialmente designados” según la Ley Kingpin.
“La denuncia alega que el 19 de abril de 2018, los agentes del FBI se acercaron a un músico conocido, mencionado en la denuncia como Individuo A, y le dijeron explícitamente al Individuo A sobre la designación de Pérez en virtud de la Ley Kingpin y realizar conciertos que Pérez promovió. En cuatro ocasiones adicionales en 2018 y 2019, el Individuo A se presentó en conciertos en México, específicamente en Mexicali, Salamanca, Chiapas y San José Iturbide, todos los cuales promovió Pérez. El individuo A, actuó bajo la dirección o con el conocimiento de Del Villar, Scalisi y Pérez”, señala el comunicado.
Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. Ambos fueron liberados con una fianza de US $100 mil y US $35 mil, respectivamente. Sus lecturas de cargos han sido programadas para el 20 de julio. En caso de ser condenados por violar la Ley Kingpin, Del Villar y Scalisi enfrentarían una sentencia máxima legal de 30 años en una prisión federal.
