El Congreso de la República aprobó el 2 de junio la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, una normativa que actualiza los mecanismos de control financiero, amplía la supervisión sobre nuevos sectores económicos y endurece las sanciones para quienes participen en este tipo de delitos.
La legislación introduce cambios que impactarán a bancos, empresas, profesionales independientes y proveedores de servicios relacionados con activos virtuales, entre otros sectores.
Según un análisis de la Red noticias Estos son algunos de los aspectos más relevantes para comprender el alcance de la nueva normativa.
1. No está dirigida a la economía informal
La ley establece que su propósito es combatir estructuras criminales vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. El texto aclara que no busca perseguir actividades cotidianas realizadas en efectivo ni convertirse en una herramienta de fiscalización tributaria.
2. Mayor vigilancia sobre funcionarios y exfuncionarios
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP), es decir, quienes ocupan o han ocupado cargos públicos relevantes, continuarán sujetas a controles especiales durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de dejar el cargo.
3. Las criptomonedas entran en el radar
Por primera vez, los proveedores de servicios relacionados con activos virtuales o criptomonedas quedan incorporados dentro de los sectores sujetos a supervisión de las autoridades especializadas en prevención de lavado de dinero.
4. Nuevas obligaciones para profesionales
Abogados, notarios y contadores que participen en la creación de sociedades o administración de bienes de terceros deberán cumplir determinadas obligaciones. Sin embargo, la ley mantiene la protección del secreto profesional cuando la información haya sido obtenida en el marco del ejercicio de la defensa legal.
5. Conservación de información por más tiempo
Las entidades sujetas a control deberán resguardar documentación relacionada con clientes y operaciones durante varios años. En algunos casos, cuando la información sea generada digitalmente, los períodos de conservación serán más extensos.
6. Seguimiento a operaciones en efectivo
Las transacciones en efectivo iguales o superiores a 10 mil dólares estadounidenses, o su equivalente en quetzales, continuarán sujetas a registros y controles específicos para facilitar el seguimiento de movimientos financieros relevantes.
7. Sanciones más severas por ocultar información
La normativa contempla multas administrativas para quienes incumplan las obligaciones establecidas. Además, las sanciones podrán aumentar considerablemente cuando exista ocultamiento deliberado o intento de impedir la detección de irregularidades.
8. Cárcel y fuertes multas por lavado de dinero
Las penas de prisión para quienes sean condenados por lavado de dinero continúan siendo severas y pueden incrementarse cuando los involucrados sean funcionarios públicos. También se establecen sanciones económicas importantes para empresas utilizadas como instrumento para cometer estos delitos.
9. Endurecen castigos por financiamiento del terrorismo
La nueva legislación contempla penas más altas para quienes recauden, administren o faciliten recursos destinados a actividades terroristas, así como sanciones económicas de gran magnitud.
10. Congelamiento inmediato de fondos vinculados a sanciones internacionales
Las instituciones financieras deberán verificar constantemente sus registros con listas internacionales de sanciones. Si se detectan coincidencias con personas o entidades vinculadas al terrorismo, los fondos podrán ser inmovilizados de forma preventiva y las autoridades deberán ser notificadas de inmediato.
Nuevo órgano de coordinación
La ley también contempla la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFT), una instancia que buscará fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de prevenir, detectar e investigar este tipo de delitos.
Con esta normativa, Guatemala actualiza su marco legal en materia de prevención financiera y combate al crimen organizado, incorporando nuevas actividades económicas bajo supervisión y reforzando las herramientas para rastrear recursos de origen ilícito.