Con 147 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes la Iniciativa 6593, que da vida al Decreto 15-2026, la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La iniciativa había sido impulsada por el Organismo Ejecutivo y la Superintendencia de Bancos (SIB), que advertían sobre la necesidad de actualizar el marco legal vigente.
La nueva legislación sustituye al Decreto 67-2001, una ley que permaneció en vigor durante 25 años, pese a los cambios registrados en las dinámicas del crimen organizado, las transacciones electrónicas y los movimientos financieros internacionales.
Los riesgos
Uno de los principales motivos para la aprobación de la normativa es la próxima evaluación que realizará a Guatemala el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo encargado de verificar el cumplimiento de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Las autoridades financieras señalaron que mantener la legislación anterior aumentaba el riesgo de que Guatemala fuera incluida en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una clasificación que puede afectar la reputación financiera de los países.
De acuerdo con los análisis presentados por las autoridades, una eventual inclusión en dicha lista podría traducirse en mayores costos para el envío de remesas familiares, encarecimiento del acceso a financiamiento internacional, reducción de la inversión extranjera y mayores dificultades para las operaciones de los bancos guatemaltecos con entidades financieras del exterior.
Con la aprobación del Decreto 15-2026, el Congreso busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales.