El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió que el caso relacionado con la compra de las vacunas rusas Sputnik V deberá dilucidarse por la vía administrativa, luego de declarar con lugar una cuestión prejudicial.
Con esta decisión, el proceso deja de avanzar en el ámbito penal y será trasladado a las instancias administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la resolución judicial.
La medida redefine el curso del caso, que ahora deberá ser analizado bajo procedimientos administrativos para determinar posibles responsabilidades.
Investigación
Según el MP, la investigación gira en torno a un convenio suscrito entre Guatemala y Rusia para la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.
Sin embargo, al país únicamente llegaron 4 millones de unidades del primer componente y 4 millones del segundo, lo que representa una entrega incompleta frente a un monto total pagado de US$159 millones 200 mil dólares.
En tanto, un juez autorizó las órdenes de captura en contra de María Amelia Flores González, exministra de Salud; Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera de Calderón, exviceministra de Salud; Rommel Noguera Ávila, exjefe del Departamento Financiero; y Erick Belding Delgado Urbina, exjefe del Departamento Administrativo.
El fiscal Rafael Curruchiche explicó el 26 de marzo las órdenes de captura giradas contra cuatro exfuncionarios del Ministerio de Salud de la pesquisa denominada “Caso Vacunas Sputnik”, una investigación que apunta a presuntas irregularidades en la adquisición de las dosis contra el COVID-19 durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, a quien “se le investigará” cuando culmine su período como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Respecto al exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, el fiscal indicó que se ha solicitó asistencia internacional a Estados Unidos, gestión que sería trasladada al Departamento del Tesoro de esa nación.