En medio de una controversia legal, la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar a un magistrado titular y uno suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) enfrenta un nuevo obstáculo a horas para que los profesionales voten por sus simpatizantes este 4 de febrero.
Es que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional el 2 de febrero y ordenó excluir a los profesionales de carreras afines, limitando la votación únicamente a abogados.
En respuesta, la Junta Directiva del CANG, que preside Patricia Gámez, ha presentado en la madrugada de este 3 de febrero un ocurso ante la CC contra dicha resolución. Además, solicitó una aclaración a la Sala Sexta por el amparo concedido a los abogados Sagastume, argumentando que la decisión afecta el sistema democrático y el derecho de todos los agremiados a elegir.
El ocurso, particularmente una queja, es un medio de impugnación y defensa legal en el derecho procesal, utilizado para acudir ante un órgano superior cuando un inferior comete denegación o retardo de justicia, o incurre en errores en la tramitación, se recordó.
Disputa
La disputa se ha extendido con múltiples acciones legales. El abogado Erick Castillo, candidato a magistrado, confirmó la presentación de una cuarta acción para garantizar la participación de las ciencias afines. “Si se respeta la Constitución, debe protegerse el sistema democrático y el derecho de todos los agremiados a elegir”, manifestó.
Se prevé que este martes, la CC conocerá los amparos contra el CANG, mientras que la elección, prevista para el 4 de febrero sigue vigente. Hay dos amparos que cuestionan la elección en el CANG. Ambos están en la máxima corte del país pendiente de ser conocidos. Uno lo planteó Raúl Falla y el segundo es de Lesbia Amézquita y Efrén Sandoval. Cuestionan que solo abogados deben votar y excluir a otros profesionales como de ciencia política.
Nuevos magistrados
Para el período 2026-2031, la Corte de Constitucionalidad deberá quedar integrada, en abril de 2026, por los magistrados designados por el Organismo Ejecutivo, el Organismo Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).