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Una jueza federal ha dictado una orden judicial preliminar que prohíbe el traslado de nuevos detenidos al centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, Florida.
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La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, también exige que se retire la infraestructura adicional que se ha instalado en el lugar. Este fallo es el resultado de una demanda presentada por organizaciones ambientalistas y una tribu nativa americana, quienes manifestaron su preocupación por el impacto del centro en una zona ecológicamente sensible.
La orden judicial establece claramente que no se pueden mover más personas a la instalación, más allá de las que ya se encuentran allí. Esta medida pone en un punto crítico el futuro del centro, el cual, según reportes de prensa, fue defendido por el presidente Donald Trump como un modelo para futuros centros de detención migratoria.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha manifestado su intención de apelar la decisión, pero el fallo provisional sigue en efecto.
El centro de detención, que llegó a albergar a cerca de 1,400 inmigrantes en carpas temporales, ha sido objeto de críticas no solo por su ubicación en un ecosistema protegido, sino también por las condiciones que, según detenidos, incluyen la falta de acceso a duchas y medicinas. La controversia ha escalado a nivel político, con el gobernador DeSantis anunciando la apertura de un segundo centro de detención en otra parte del estado.
Este fallo judicial subraya el conflicto entre la política migratoria y los compromisos de preservación ambiental en el estado de Florida.