El Juzgado de Mayor Riesgo “B” resolvió que el expresidente Otto Pérez Molina deberá pagar al Estado Q4 millones 69 mil quetzales, en concepto de reparación digna por el caso Cooptación del Estado.
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El pasado 6 de septiembre, el exmandatario se declaró culpable de la comisión de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos.
Por estos hechos en esa oportunidad la jueza Eva Recinos dictó una sentencia de ocho años de prisión por los tres delitos y multas por Q10.7 millones y $1.6 millones de dólares.
Pérez Molina se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo de la jueza Eva Recinos, en esta carpeta judicial la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sindicó al exgobernante de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, los cuales fueron aceptados por el exmandatario.
La FECI solicitó cuatro años de cárcel por el delito de fraude, aumentada en una cuarta parte. Por el delito cohecho pasivo solicitó una pena de ocho años de cárcel aumentada en una cuarta parte y multa de Q500 mil. Por el delito de lavado de dinero solicitó una pena de 10 años y multas de $4 millones y Q45 millones. Como parte de la aceptación de cargos las penas deben reducirse en un 50 por ciento.
El Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron en 2016 el caso Cooptación del Estado, en el que estaban señalados exfuncionarios, empresarios y particulares.
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Según las investigaciones, habría existido una estructura delictiva supuestamente liderada por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Esta organización se apoderó de las finanzas de varias entidades públicas y se dedicaba a beneficiar a allegados de los gobernantes con el otorgamiento de contratos.
Entre las evidencias que la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP presentaron, se encontraban: declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
El entonces juez Miguel Ángel Gálvez describió la manera en que se crearon empresas de “cartón” utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías.
El juez detalló varios de los regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de las sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros.
