Las autoridades Indígenas se solidarizaron este martes 17 de octubre con las personas que han sido violentados en distintos puntos por grupos vinculados con el crimen organizado en Quezaltepeque, Chiquimula; Moyuta, Jutiapa, Palín, Escuintla; Petén, El Asintal, Retalhuleu, Malacatán, San Marcos y el sector de carretera a El Salvador, Guatemala y Malacatán; San Marcos.
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Diego Acero, autoridad Indígena del pueblo Ixil también exigió al Ministerio Público (MP) investigue de oficio a las personas que convocaron a desalojos violentos, incluido actores de la Fundación contra el Terrorismo.
“Si hay que dar vidas por la democracia continuaremos en resistencia” manifestó Mercedes García, autoridad ancestral Mam, de San Marcos.
Las autoridades indígenas reiteraron su solicitud para que renuncie la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, por atentar contra la Democracia y ejecutar delitos contra la Constitución.
El presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco indicó que no se ha confirmado la reunión de diálogo entre las autoridades del Ministerio Público y autoridades indígenas, la cual fue solicitada a través de reunión con el presidente Alejandro Giamamttei.
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Se deslizan de audios
Luego que se difundiera un audio en el que un supuesto miembro de los 48 cantones llama a la ciudadanía a retirar su dinero de los bancos del sistema para forzar la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, Pacheco aclaró que ninguna organización ancestral esta promoviendo el pánico financiero.
“La persona que aparece en un video no nos representa, ni sabemos quien es. Hemos manifestado públicamente que nuestra manifestación es pacífica”, indicó Pacheco en conferencia de prensa.
El dirigente indicó que han sido atacados psicológicamente al acusarlos de promover el pánico financiero, ya que algo parecido ha estado fuera del discurso que promueven.
La Superintendencia de Bancos (SIB) anunció que accionaría legalmente ya que dicho audio podría tipificarse en un ilícito penal.
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Vía Edwin Bercián