El pulso que mantiene la alianza oficialista, por diputados, por aprobar iniciativas de ley cuestionadas sigue. No obstante, ayer los congresistas aprobaron hacer una consulta sobre el proyecto de ley para no perseguir penalmente a los militares retirados y guerrilleros involucrados en el conflicto armado interno.
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La consulta se hará a la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de que varios diputados indicaron que aprobar esa ley contraviene pactos y convenios internacionales, no solo de derechos humanos.
Los ponentes de la iniciativa denominada “fortalecimiento para la paz” son allegados a militares acusados de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad.
Manuel Conde, excandidato presidencial del partido Vamos, justificó la aprobación de la misma indicando que el Estado guatemalteco suscribió convenios y pactos de derechos humanos después de los años 90 y 2000. Pero el conflicto armado ocurrió entre los años 80 y 90, por lo que no se puede perseguir los delitos cometidos en esos años. Asimismo, negó que hubo genocidio en el país y pidió que no se tomaran las cortes, ni los entes de investigación como venganza.
El artículo 4 del cuestionado proyecto de ley promueve la extinción de responsabilidad penal y extinción de pena decretada para condenados dentro del contexto del conflicto armado, así como detener las órdenes de captura.
Durante la presente legislatura, también se ha impulsado el pago de hasta Q36 mil a militares retirados por servicio en el Ejército. Lo cual fue una promesa de Alejandro Giammattei.
Sin prescripción por los diputados
La cuestionada propuesta llegó hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual se rechazó por organismos.
El abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa explicó que si bien los convenios fueron ratificados entre 1990 y 2000. No se obvian los delitos como tortura y desaparición forzada, que se catalogan como delitos imprescriptibles y no amnistiables.
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“Decisiones provienen de la costumbre internacional y principios establecidos por tribunales internacionales, que se han fortalecido. Hasta la Constitución reconoce el no otorgamiento de prescripciones ni amnistías por el derecho internacional humanitario. Que se aplica en conflictos armados o el derecho internacional que inició en 1907 y que Guatemala suscribió como prácticas.
Además, el Código Penal, en su artículo 378, sanciona los delitos de tortura, asesinatos con relación a masacres”, resaltó Samayoa.
Mientras que el abogado Luis Linares recordó que por la ratificación de convenios y pactos no se podría beneficiar a personas acusadas por ciertos crímenes. Y consideró que es una trampa para la CC y la obliga a hacer malabarismos legales por presiones políticas.
