Distintos abogados, analistas y exfuncionarios reaccionaron a la acción de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público (MP) que dirige Rafael Curuchiche Cucul, al abrir y manipular 160 cajas electorales que contienen el voto de los guatemaltecos que acudieron a las urnas el pasado 25 de junio.
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El abogado Oswaldo Samayoa consideró que hay un golpe de Estado y un rompimiento constitucional. “La única autoridad para meterse con los votos de la manera como se está haciendo son las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y los fiscales de partidos”, dijo.
Añadió que, si los fiscales de las organizaciones políticas no denunciaron anomalías en la recepción votos y el conteo de los mismos, esta fase ya es un acto cerrado y constitucionalmente no procede lo que está ocurriendo.
El profesional el derecho consideró que el MP está violentando la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que tiene rango constitucional, y que un juez Penal no es competente para entrometerse en la actividad del TSE.
“Si existe una denuncia, todo debe coordinarse con el TSE. Esto es más grave aún, porque dicen que es una denuncia presentada contra la primera vuelta, la cual ya quedó cerrada. Estamos frente a un golpe de Estado y rompimiento del orden constitucional, como bien lo anunciara el presidente electo hace algunos días”, destacó.
Mientras tanto, la exmagistrada suplente del TSE, Ana Ely López, consideró que se está judicializando el proceso electoral, aunque aseguró que no se atrevería a calificar como un rompimiento constitucional lo que se observa actualmente en Guatemala. Esto porque cualquier juez, incluso el mismo que emitió la orden, podría rectificar a través de un recurso, pero en su opinión no se han planteado los recursos que corresponden.
“Es un abuso de autoridad, una orden de juez es inconstitucional, porque los jueces no pueden ordenar que se abran las cajas, eso es irrespetar la autoridad del TSE, que es el único que puede dar órdenes y ni aún una orden interna del tribunal podría hacer que se abran (las cajas)”, explicó.
Añadió que no está en el marco jurídico guatemalteco un escenario como el que se observa, pues la LEPP detalla que única y exclusivamente pueden abrirse las bolsas con votos impugnados, pero siguiendo cierto procedimiento.
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Por su parte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que la posibilidad de que se verifique toda la información que ya cerró sus etapas a nivel electoral es que tengan realmente un vestigio o presunción suficientemente contundente de que hay materia de ilicitud penal.
“Ellos no pueden ser revisores adicionales del evento electoral”, manifestó. Pues expuso que se podría actuar solo si se tuviera una brecha que dé indicios de que hay ardid, delito o sujetos de mala fe, y esto podría ser lo que lógicamente los conduzca a llevar estos extremos.
“Se debe revisar el alcance de la orden judicial y esperar a que fluya información adicional”, puntualizó.
Preocupación e incertidumbre
Ana Graciela Soria, presidenta de la Junta Electoral de Mixco, dijo que las únicas personas autorizadas para abrir las cajas electorales, según la Ley Electoral, son los integrantes de las juntas receptoras de votos, a menos que exista una impugnación.
“A nosotros como junta nos preocupa. Las cajas son la certeza del voto ciudadano, del derecho que tenemos todos de la libertad de elegir y ser electos, del derecho a la democracia, entonces debemos cuidar nuestra democracia. En este caso esperamos que no se estén vulnerando las cajas, porque estas son el baluarte de todo el proceso electoral”, expresó.
A criterio de Salvador Biguria, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central del TSE, lo que se observa en el COPE es muy preocupante y completamente insólito e inaudito, pues no había pasado anteriormente.
Según sus palabras, después de todos los procesos ordinarios que se han dado en este atropellado proceso electoral, donde ya se han declarado los resultados finales, realmente deja muchas preocupaciones que el MP esté actuando de esta manera, específicamente al abrir las cajas electorales.
“Dentro del marco de la LEPP es algo que exclusivamente realizan las juntas receptoras de votos delante de los fiscales de partidos políticos o, en todo caso, en las audiencias de revisión, que ya pasaron en repetidas ocasiones”, señaló.
El entrevistado resaltó que hay poca información y claridad sobre lo que está pasando, pero enfatizó que definitivamente es algo que se debe observar y velar para que no suceda nada fuera del marco de la ley.
