Sin mayores argumentos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) insiste en no aceptar la oficialización de los resultados presidenciales de Semilla. Este lunes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirán si aceptan el informe que entregó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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En caso de reconocer la legalidad de los resultados de la segunda vuelta presidencial, el partido que no logró la mayoría de votos el 20 de agosto tiene menos posibilidades para seguir con la narrativa de anomalías en las actas presidenciales.
La UNE solicitó un amparo para que no quede en firme la adjudicación de la máxima magistratura a Bernardo Arévalo y Karin Herrera para el periodo 2024-2028.
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No obstante, jefes de Estado han felicitado al binomio ganador por el respaldo que obtuvo de la población.
Mientras que políticos mencionaron que la UNE, en la disputa por la presidencia, es el principal antivoto, como se reflejó en esta ocasión. Y han señalado el intento desde el gobierno de Alejandro Giammattei y otros funcionarios en no dejar tomar posición al Movimiento Semilla.
Respuesta en observación sobre Semilla
La discusión de los magistrados de la Corte Suprema es observada por sectores nacionales y organismos internacionales luego de que el presidente electo anunció la intención de un golpe de Estado para impedirle asumir desde el Ministerio Público y otros funcionarios. Hoy se podría conocer la decisión de la Corte Suprema. Que no se descarta que solo sea por medio del vocero. Ya que la mayoría de instituciones se niega a dar conferencias para responder a reporteros.
Sin embargo, aunque la fiscal general llamó de irresponsable al presidente electo, se trata de defender, por medio de un comunicado, que cumple con su función de investigar. Pero el Movimiento Semilla ha denunciado que se le niega el acceso para conocer el expediente. Y fiscales han emprendido intimidaciones en contra de funcionarios del TSE, digitadores y juntas electorales.
Tanto la UNE como el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) llegaron a Tribunales por no aceptar su derrota, por lo que desde el 26 de junio se ha judicializado el proceso electoral. Cuyos resultados se confirmó en una segunda revisión de actas por cada junta departamental y municipal. Lo cual molestó a grupos políticos por el rechazo de los ciudadanos que acudieron a las urnas para pedir un cambio.