A pesar de que desde organismos internacionales se ha denunciado la judicialización del proceso electoral, la fiscal general insiste en atacar a las autoridades electorales, lo que pareciera tener como fin anular los resultados de la segunda vuelta.
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Ahora fue la Fiscalía de Delitos Administrativos la que presentó la solicitud de antejuicio contra los magistrados titulares Irma Palencia y Mynor Franco. Pero también contra el magistrado suplente Álvaro Cordón.
La solicitud para poder ser investigados es por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución.
Una de las fiscales que presentó el antejuicio comentó que la acción penal se debe a anomalías en la inscripción del excandidato presidencial Manuel Baldizón. Quien buscaba llegar al Congreso.
“En su momento, los magistrados indicaron que se debía realizar la misma (inscripción). Sin embargo, no se percataron el mandato constitucional en cuanto al artículo 113. Que tiene que ser ciertos requisitos esenciales como la honorabilidad y, como es un hecho notorio, el señor Baldizón ya había sido objeto de una condena en territorio estadounidense”, comentó la fiscal.
La denuncia que escogió la fiscal general para presentar la solicitud de retiro de inmunidad fue la de Giovanni Fratti y Pedro Cruz.
No obstante, Cruz publicó en Twitter que la denuncia la presentó en marzo pasado por la amenaza y solicitó a sus abogados que desestime dicha denuncia, pues la amenaza dejó de existir.
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Dudoso sustento por la fiscal
Si bien la denuncia puede ser retirada, el MP puede seguir de oficio la queja.
Sin embargo, abogados comentaron que habiendo otros casos de mayor importancia, por órdenes de la fiscal general se gastan recursos y tiempo para presentar casos sin mayor sustento. Debido a que las elecciones generales ya se realizaron y los magistrados electorales repararon un error. Por lo que se pierde la materia para continuar con la investigación.
A la vez, al consultar con profesionales del Derecho, al igual que a abogados del partido Movimiento Semilla, estos indicaron que la fiscal general recurre a denuncias antiguas para atacar el proceso electoral. Al igual que lo que pasa con la situación contra el titular del Registro de Ciudadanos, pues busca investigarlo por el partido Prosperidad Ciudadana. Pero no presenta el antejuicio contra los magistrados de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.
Las acciones de Porras contra el TSE después de los resultados de la segunda vuelta muestran que es malestar por políticos de no obtener un cargo público.B
Mantienen preocupación
- El panorama para que el ente electoral confirme los resultados presidenciales sigue incierto, haciendo que haya preocupación en varios sectores.Distintas misiones de observación electoral se pronunciaron por las solicitudes de antejuicios que ha autorizado la fiscal general, cuando casos de corrupción de la administración de Alejandro Giammattei no se han perseguido.
- La Misión de Observación Electoral de Guatemala respalda a la autoridad electoral, a sus direcciones y unidades, así como a las juntas electorales. Rechaza la judicialización excesiva que puede afectar la oficialización de los resultados y el proceso de transición. Mientras que la misión de la Unión Europea lamenta el acoso del MP, es una amenaza al derecho y oportunidad de participar en elecciones.