El próximo gobierno tendrá que redoblar el trabajo en cada ministerio para atender las necesidades. No obstante, el Ministerio de Gobernación debe modernizar la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP) para reducir las extorsiones y mejorar la seguridad ciudadana.
PUBLICIDAD
El CIEN presentó algunos cambios que a su criterio no deben esperar. El primero es rediseñar los programas de prevención del delito y establecer programas para resolver conflictos.
A mediano plazo, establecer mediciones en los diferentes programas de prevención, promover políticas municipales, como la priorización en zonas de alto riesgo.
Aumento de agentes
El CIEN proyecta que desde 2017 hay cerca de 24 policías para brindar seguridad a 10 mil habitantes, pues hay 41 mil 546 agentes, pero el número se reduce, pues prestan seguridad en residencias y a personalidades.
Por lo que es necesario revisar los protocolos de coordinación en materia de investigación con el Ministerio Público, además de actualizar la División de Información Policial, con capacidades en inteligencia desde la Inspectoría General.
“Se debe diseñar un plan integral de seguridad ciudadana que tome en cuenta la incidencia criminal para desarrollar una planificación sobre resultados. Asimismo, rediseñar el modelo de reclutamiento de agentes, basado en perfiles y especialidades”, explicó Francisco Quezada, analista.
Es por ello que los ascensos y grados deben hacerse por oposición.
Retomar el control
La demanda de los ciudadanos a los políticos es reforzar la seguridad en las cárceles, de donde se realizan extorsiones y se coordinan asesinatos.
Entre los puntos que identificó el CIEN para tomar el control está la construcción de un centro de detención para que no haya sobrepoblación en las prisiones, sin dejar de atender el área financiera, que fortalezca la Escuela de Estudios Penitenciarios y ampliar el modelo de gestión, empezando en los centros para mujeres y a mediano plazo en los centros de condena de hombres.
El Centro resaltó que la población en las prisiones se triplicó entre 2008 y 2019, porque en la primera década del siglo había alrededor de ocho mil 400 reos y ha llegado a 25 mil 400 presos.
Sin embargo, la infraestructura no se ha ampliado ni se han aprobado otras medidas para los privados de libertad.
