Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) manifestaron que la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de impedir la participación de candidatos en las Elecciones Generales 2023, está basada en fundamentos dudosos.
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Las organizaciones indicaron a través de un comunicado que la decisión del TSE pone en riesgo los derechos políticos y menoscaba la credibilidad del proceso electoral.
El comunicado se emite luego que TSE excluyó de la contienda electoral a los binomios liderados por Thelma Cabrera, líder indígena de izquierda, y a Roberto Arzú, candidato de derecha.
“La decisión de inhabilitar a estos candidatos se basa en motivos dudosos y podría menoscabar los derechos de toda la población guatemalteca a participar en elecciones libres y justas”, manifestó Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de WOLA.
Las autoridades de Guatemala deben revisar con urgencia estas decisiones y asegurar condiciones justas para todos los candidatos”. WOLA recordó a través del documento que el 2 de febrero, magistrados del TSE negaron la posibilidad de inscribir la candidatura de Cabrera y su candidato a vicepresidente Jordán Rodas, quien anteriormente ocupó el cargo de Procurador de Derechos Humanos (PDH).
El 6 de enero, Alejandro Córdova, el procurador actual, presentó una denuncia penal contra Rodas, argumentando que tenía “dudas” acerca del modo en que Rodas había obtenido un pago en relación con su función en la PDH. Estas dudas hasta ahora no han sido precisadas. La denuncia se presentó después de que Rodas y Cabrera solicitaron la inscripción de su candidatura.
Así también que el 27 de enero, una autoridad del TSE resolvió que Cabrera y Rodas no podrían postularse porque existía una “anotación” en el certificado de Rodas como resultado de la denuncia penal presentada por Córdova. Asimismo, el TSE confirmó la decisión el 2 de febrero, por una mayoría de 4 votos contra 1 y, el 15 de febrero, la Corte Suprema rechazó un recurso judicial para que se revisara esa decisión.
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Por otra parte, indicó que el 6 de febrero, los magistrados del TSE también negaron la candidatura de Arzú. Los magistrados determinaron que Arzú carecía de “idoneidad” para ejercer el cargo, porque violó la prohibición de hacer campaña antes del inicio oficial del proceso electoral de 2023 y no pagó una multa relacionada por violación de las normas electorales durante la campaña de 2019.
WOLA hizo notar que en la legislación guatemalteca se prohíbe a los candidatos impulsar campañas políticas fuera del período electoral; no obstante, muchos candidatos han transgredido esta norma en años recientes. Por lo general, cuando esto ocurre, les imponen multas y, solo muy excepcionalmente, se los ha excluido de postularse a elecciones.
Las organizaciones hicieron un llamado a observadores internacionales, en particular de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a examinar exhaustivamente las condiciones electorales, incluida la exclusión de candidatos y la utilización de cargos penales espurios en su contra, y hacer un llamado a que las autoridades de Guatemala respeten los valores democráticos. También deberían monitorear y denunciar los señalamientos de financiamiento electoral ilícito, incluso por parte de empresarios y de grupos de criminalidad organizada.
También pide a los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deberían dar seguimiento al proceso electoral y exigir públicamente que se celebren elecciones justas y libres.
* Con información de Fabiola Toledo, Emisoras Unidas 89.7
