Ante los señalamientos internacionales que han surgido en contra del Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Fiscal General, Consuelo Porras debido a las ordenes de captura en contra de Thelma Aldana, David Gaytán y Juan Pablo Carrasco y el señalamiento en contra de Iván Velásquez, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de la trabajadora de esa Comisión, Luz Adriana Camargo, el MP se pronunció.
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El MP indicó que su postura es que “según su mandato legal y constitucional le corresponde la investigación y velar por el estricto cumplimiento de la ley, en ese sentido es una institución independiente que no está sujeta a ningún sector nacional o internacional por lo que realiza todas sus investigaciones de conformidad con el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad”.
La FECI anunció el 16 de enero pasado su intención de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano.
Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, dijo en un video difundido en redes sociales el jefe de la esa Fiscalía, Rafael Curruchiche.
El actual ministro de Defensa de Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la CICIG, un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) revelaron varios escándalos de corrupción.
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El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015), al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas. Fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
Según Curruchiche, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) otorgaron en 2017 el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.
La FECI “emprenderá las acciones legales correspondientes” para que Velásquez y otros involucrados en el caso “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, al considerar que la negociación causó “un grave detrimento al Estado de Guatemala”, afirmó.
Vía AFP y Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7 FM*
