Las autoridades de Irán confirmaron que más de 300 personas han muerto desde el inicio de las protestas, a mediados de septiembre, en el país, a raíz de la muerte en detención de la joven Mahsa Amini, acusada de incumplir el rígido código vestimentario femenino.

El fallecimiento de Mahsa, una joven kurda iraní de 22 años, suscitó una ola de manifestaciones, primero en Teherán y luego en distintas provincias del país. Las movilizaciones fueron reprimidas por las fuerzas del orden.

“No tengo las últimas estadísticas pero creo que podemos haber tenido más de 300 mártires y personas muertas entre los mejores chicos de este país como resultado de este incidente”, dijo, refiriéndose a las fuerzas del orden y a los manifestantes, el general Amirali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, en un video divulgado por la agencia Mehr. La cifra incluye a decenas de policías, soldados y milicianos muertos en enfrentamientos con manifestantes o asesinados, según las autoridades iraníes.

Represión

Por su lado, la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, afirmó que la “represión de las protestas en Irán” causó al menos 448 muertos, entre ellos 60 menores de edad, según un nuevo balance comunicado este martes que no incluye a los agentes de las fuerzas de seguridad. La cifra engloba a ciudadanos muertos a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas por la muerte de Amini, y también a los fallecidos en los disturbios ocurridos en la provincia suroriental de Sistán Baluchistán.

En esta provincia de mayoría sunita (frente a la rama chiita imperante en el resto del país) se produjeron a fines de septiembre unas protestas por la presunta violación de una adolescente de 15 años por parte de un policía. Las manifestación fueron también reprimidas, según Iran Human Rights.

En las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini, miles de iraníes y unos cuarenta extranjeros fueron detenidos, y más de 2 mil personas inculpadas, según las autoridades judiciales. Entre los inculpados, seis fueron condenados a muerte en primera instancia y su destino depende ahora de la Corte Suprema, que debe decidir qué hace con sus recursos.

*Con información de AFP