Antes de irse de descanso, la mayoría de diputados, que buscan su reelección, agilizarán esta semana los cambios a la Ley de Contrataciones, los cuales son cuestionados por cámaras empresariales y analistas.
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Los principales señalamientos se deben a que se les permitiría a los alcaldes hacer compras sin mayores controles, aspecto que afectaría la fiscalización en año electoral.
El oficialismo, desde hace un año, intenta quitar los controles al uso de fondos públicos, por lo que el presidente, Alejandro Giammattei, se vio obligado a vetar dichos cambios.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) critica que solo a las municipalidades se les permitiría aumentar el monto de las compras directas a Q200 mil, que en la actualidad es de Q90 mil, techo que quedaría para el resto de instituciones.
“Las operaciones de adquisición pública son el blanco más frecuente de fraudes.
Destacando el abuso de mecanismos opacos, poco competitivos y poco controlados, como la compra de baja cuantía o la compra directa. Especialmente, cuando se fraccionan compras y contrataciones con la intención de evadir los controles”, explicó el Icefi.
Piden revisión técnica a Ley de Contrataciones
Tanto el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Comercio fijaron su postura. Para demandar a los diputados que vuelva a ser revisada la iniciativa de ley.
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El sector empresarial considera que hay falencias que, en vez de garantizar equilibrio en el sistema, lo pueden poner en riesgo.
El Cacif resalta que sí han insistido en el estricto apego de la ética y que debe haber una mejor planificación y ejecución del presupuesto.
Mientras que los comerciantes comentaron que las reformas pueden convertirse en un despilfarro y abuso en las adquisiciones públicas.
“Se merece un análisis técnico profundo toda vez lo que se discute es la normativa de las diferentes modalidades de compras. Que se deben adquirir con calidad, eficiencia y absoluta transparencia”, puntualizó la Cámara de Comercio.
En caso de que los diputados vuelven a aprobar reformas cuestionadas, el mandatario debe analizar dicha ley para vetarla o promulgarla.
