Seguramente, en algún momento de la vida ha escuchado hablar sobre la Ley de Contrataciones Públicas como el instrumento que define las normas para las compras y contrataciones que hace el Estado. No me equivoco si lo que ha escuchado gira en torno a la corrupción y los negocios que se hacen para embolsarse el dinero de todos nosotros.
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En estos días asistí a la presentación de un estudio sobre la Ley de Contrataciones Públicas que fue elaborado por la Fundación Libertad y Desarrollo. La actividad se realizó en un momento clave porque en el Congreso de la República, una vez más, están buscando reformar esta ley para facilitar la corrupción.
Lamentablemente, el interés que prevalece en el seno del Congreso es promover una iniciativa que les asegure recursos públicos para financiar las campañas clientelares de los aliados del oficialismo y no en mejorar los procesos de contrataciones, mucho menos hacerlos transparentes y eficientes.
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No crea que es la única ocasión en la que se intenta, de manera mal intencionada, reformar esta ley. En el periodo entre 2009 y 2022 se han presentado más de 18 iniciativas que buscan reformar de alguna manera esta ley.
De ellas, solamente 10 han sido aprobadas, constituyéndose en una de las leyes que más cambios ha sufrido en los últimos años. Lo único que se ha logrado es hacer “parches y chapuces” que no mejoran nada y en algunas ocasiones terminan empeorando los procesos.
No obstante, el dilema está en que si es necesaria una reforma a la ley porque se necesitan mejorar muchos procesos, transparentarlos, modernizarlos y que nos permita tener un sistema de contrataciones eficiente, eficaz, transparente, ágil y que permita que las instituciones públicas puedan adquirir los insumos necesarios para prestar los servicios públicos.
Uno de los principales problemas que siempre se le achacan a esta ley están relacionados con la discrecionalidad, la mala calidad, los sobreprecios y la corrupción, que deben atenderse, pero el problema va más allá porque. Además de esto, se suman las deficiencias en materia de articular las compras con la planificación.
Es decir, estamos comprando caro, mal, a los amigos del gobierno de turno y sin saber para qué estamos comprando. No hay mecanismos que nos permitan asegurarnos de que lo que estamos comprando en las instituciones públicas es lo que necesitamos y mucho menos se tiene la claridad de para qué sirve, si esto nos ayuda a cumplir con resultados y objetivos de las acciones públicas.
Además, el estudio identifica que la mayor parte de las adquisiciones del Estado se realizan por compra directa, una modalidad totalmente opuesta a los procesos competitivos ideales en donde participan varios proveedores y se adjudica al que ofrece el mejor precio y la mejor calidad. Aquí se les compra a los cuates, a los financistas, a las empresas de los familiares, etcétera.
Entre otras conclusiones, el estudio recomienda establecer nuevas modalidades de contratación en función al objeto y naturaleza de la compra. Establecer el principio de competencia como el criterio más importante para la aplicación de los procesos de contrataciones. Así como implementar el uso de estándares internacionales y protocolos de medición en la definición de atributos de calidad de los productos, bienes, servicios y obras a contratar y metodologías para su aplicación.
Sin duda, hay mucho que analizar y discutir para impulsar un proceso de reforma a las normas que regulan las contrataciones en las instituciones públicas, pero esta discusión y aprobación se debe hacer alejada del interés que tiene el oficialismo de financiar sus campañas clientelares. ¿Qué opina usted? ¿Necesitamos mejorar los procesos de contrataciones?