A pesar de las advertencias en mantener controles en compras que realizan los alcaldes, el oficialismo insiste en modificar la Ley de Contrataciones del Estado apresura modificaciones que son cuestinados por economistas y ahora el sector empresarial.
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Meses atrás el presidente, Alejandro Giammattei, vetó las reformas a esa normativa, pero los diputados oficialistas insisten en permitir que los jefes ediles al uso discrecional de fondos. Lo cual preocupa en año electoral, porque pueden ser utilizados para campaña electoral. Principalmente por los alcaldes, y más que han mostrado apoyo al Gobierno.
“Se han detectado algunas falencias que, lejos de garantizar equilibrio en el sistema, lo podrían en mayor riesgo. Hemos insistido en que prevalezca un estricto apego a la ética y que responda a una mejor planificación y ejecución presupuestaria”, resaltó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Asimismo, el sector empresarial indicó que es trascendental que los cambios que se promueven sean el resultado de un proceso técnico de discusión en el que se prioricen la eficiencia y la transparencia en el gasto público.
Explican cambios para favorecer a alcaldes
El Instituto Centroamericano de Esstudios Fiscales (Icefi) también se suma al rechazo de las reformas a la Ley. Y recalcó que los cambios pueden afectar la fiscalización.
Dicho instituto comentó que a los alcaldes se les aumenta el techo para realizar compras directas, siendo ahora de Q75 mil y Q200 mil. Pero a otras entidades se mantiene el techo hasta Q25 mil.
Además, se promueve que los alcaldes recurran a cotizaciones en procesos de montos entre Q200 mil y Q2 millones, pero el resto de instituciones deben usar ese proceso en compras de entre Q90 mil y Q900 mil.
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“La aprobación de esa propuesta tendría efectos perjudiciales. Las operaciones de adquisición pública son el blanco más frecuente de fraudes. Destacando el abuso de mecanismos opacos, poco competitivos y poco controlados como la compra de baja cuantía o la compra directa. Especialmente cuando se fraccionan compras y contrataciones con la intención de evadir los controles”, enfatizó el Icefi.
La directiva del Congreso contempla dejar aprobada dichas modificaciones antes de irse a receso. Por lo que nuevamente Giammattei tendrá la decisión de vetar esas reformas.
