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El Organismo Judicial (OJ) informó que para la próxima semana es el plazo que se fijó para dar conocer la ratificación del acta y la fecha en que oficialmente se reinstalará a Blanca Stalling en su cargo de magistrada.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron recientemente que Stalling debe retomar sus funciones en el Organismo Judicial.
La resolución tuvo lugar a petición de Stalling, quien fue separada del cargo tras ser señalada de tráfico de influencias en 2017 por presuntamente buscar beneficiar a su hijo, quien en ese entonces era acusado en un caso de corrupción.
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El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, resolvió el 29 de junio pasado el cierre del caso contra Stalling. Con el fallo quedó libre de los cargos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.
MP no apeló cierre de caso
Sobre la decisión de reinstalarla en el cargo por la CSJ, se informó que entre las consideraciones el pleno de magistrados tomó en cuenta que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), no impugnó la resolución de sobreseimiento por el juez Cruz.
Ante ello, el fallo se hizo conforme el artículo 31 de la Ley de la Carrera Judicial en su inciso E, que describe que cuando hay una sentencia absolutoria, al funcionario judicial se le debe reinstalar en un tiempo no mayor de 30 días siguientes a que la resolución se encuentre firme.
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Adicional, se establece que además, se deberá hacer el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el plazo de la suspensión. El monto ascendería a unos Q5 millones en salarios y prestaciones.
Stalling ocupaba el cargo como magistrada vocal VII en la Cámara Civil, el cual podrá retomar próximamente.
Señalamientos contra Stalling y su hijo
La investigación de la fiscalía señalaba que Stalling, presuntamente aprovechando su posición, buscó presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, quien conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling.
El hijo de Stalling recibió una condena en 2018 por el delito de cobro ilegal de comisiones cuando fungió como exasesor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El juzgado declaró culpable a Otto Fernando Molina Stalling y lo sentenció a seis años y 3 meses de cárcel, más una multa de Q50 mil y la inhabilitación de ejercer cargos públicos.
