Los diputados de oposición consideran “nefasto” el decreto 39-2022, Ley contra la Ciberdelincuencia, que se aprobó el martes pasado por el Congreso de la República.
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Ahora esperan que en la sesión de la próxima semana se tengan que conocer las objeciones a la ley, con la intención de que se archive y se discuta “de manera profunda”.
La ley establece entres sus objetivos la protección integral a las personas, sus bienes y derechos, relativo al uso de sistemas tecnológicos de la información. Pero a su vez, los opositores aseguran que contiene artículos que podrían resultar perjudiciales y hasta opresores de la libertad de expresión.
Además de resultar siendo un método para evadir fiscalizaciones, “lo que se quiere callar el periodismo investigativo, la protesta, el cuestionamiento”, aseguró el diputado Carlos Barreda, durante una conferencia este viernes.
“Incluso hasta la creatividad, la picardía del guatemalteco de hacer memes, hacer críticas a los funcionarios corruptos. Se quiere aprovechar esta ley que tiene multas, años de cárcel, secuestro de equipo periodístico”, agregó.
Según Barreda, este tipo de legislación tiene un trasfondo para acallar posibles abusos e impedir el acceso a información de datos digitalizados. La inclusión de nuevos delitos también pone en duda sobre su interpretación a futuro en el ámbito jurídico.
Sobre el contenido de la ley
Con la ley se crearon nuevos delitos como el de “acoso por medios cibernéticos o ciberacoso”, en el artículo 19.
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- Intimidar o asediar a una persona o grupo de personas con contenido falso o cruel, en posesión legítima o no del sujeto activo a través de las tecnologías de la información o comunicaciones, puede ser con la intención de ejercer dominio sobre la víctima, o para que esta realice actos contra su voluntad; o
- Divulgar información confidencial de otra persona que afecten su honor o su salud física o psicológica, actuando o no de forma anónima y por cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación electrónico.
En ambos casos, se estableció que se impondrá una pena de prisión de uno a dos años.
Sin embargo, los congresistas no apoyaron incluir la extorsión digital para castigar el uso de información personal e institucional para amenazar a cambio de dinero. También se propuso castigar el atentado contra la intimidad sexual.
La Ley contra la Ciberdelincuencia fue propuesta en 2019 por el exdiputado Rodrigo Valladares, que ahora trabaja como asesor.
Rechazan ley contra ciberdelincuencia
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) también manifestó su rechazo a la ley contra la ciberdelincuencia.
Las seis agrupaciones que la conforman consideran que debe ser vetada, ya que podría criminalizar las críticas o incluso publicaciones.
La APG considera que la ley podría atentar contra la libertad de expresión y promover la censura.
