La audiencia de primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín está programada para las 10 de la mañana de este lunes, 1 de agosto.
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Abogados señalan irregularidades en la explicación virtual que dio el jefe de la FECI. Te resumimos el caso en cinco aspectos:
1. Hermetismo
La detención del periodista José Rubén Zamora y de la auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Samari Carolina Gómez Díaz preocupa a sectores y a la comunidad internacional, ya que el Ministerio Público evita brindar información sobre el caso en el que presuntamente tienen alguna participación. Hoy se tiene previsto que se lleve a cabo a las 10:00 horas la audiencia de primera declaración en el Juzgado Séptimo de ambos detenidos el viernes último. No obstante, no se descarta que las autoridades del MP y de justicia recurran a la estrategia de aplazar dicha sesión con tal de que los señalados pasen más tiempo en prisión. También la de mantener bajo reserva el caso y prohibir el ingreso de los medios de comunicación para evitar los preguntas sobre el caso, como ocurrió en la audiencia en la que se les informó los motivos de su detención.
2. Acusación
La poca información que reveló el ente investigador del caso contra Zamora es por supuestamente lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, como “empresario” y no como periodista. Mientras que a la trabajadora de la FECI se le acusa de revelación de información confidencial o reservada. También a Zamora se le acusa de tráfico de influencias y chantaje. El Ministerio Público afirmó que por la “información” que posee puede solicitar la detención de más personas. Sin embargo, llamó la atención que el caso haya sido revelado por la FECI y no por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos, ni la de Asuntos Internos en el caso de la auxiliar fiscal. Asimismo, solo por medio de un comunicado el MP detalló que se han respetado los plazos establecidos en ley para presentar a los dos detenidos.
3. Huelga
Desde el momento en que personal del Ministerio Público allanó la vivienda de Zamora y de las oficinas del medio de comunicación, el periodista se declaró en huelga de hambre. Zamora y Gómez permanecen en prisión en la Brigada Mariscal Zavala, en el que denunció tener enemigos por la información que ha revelado desde el medio de comunicación. Además, la auxiliar fiscal declaró temer por su vida y la de su familia, ya que durante el tiempo que ha laborado en el MP no tiene ninguna sanción y denunció tratarse de una “cacería de brujas” y mencionó que la investigación no es objetiva. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se apersonó a la prisión militar para verificar que ambos señalados no corran riesgo.
4. Agradecen
Los trabajadores de las distintas áreas del medio de comunicación agradecieron el respaldo de los sectores sociales por la amenaza colateral a la libertad de prensa y de expresión, ya que no se descarta que haya grupos de políticos incómodos por las investigaciones de corrupción. “Reiteramos nuestra lucha por defender la libertad de expresión, el debate público plural, la tolerancia, el respeto al Estado de derecho, la competencia, la transparencia, los derechos humanos, la inclusión, la batalla incansable en contra de la corrupción, la impunidad y los abusos de poder y en favor de la democracia”, es el mensaje que envían los dirigentes del medio de comunicación, que en varias ocasiones han sufrido de ataques por funcionarios de turno.
5. Reputación
El caso contra Zamora llamó la atención de sectores por los personajes que participan en el proceso. Primero está el fiscal Curruchiche, que la semana pasada fue incluido en la lista de corruptos que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. Luego está la fiscal Cinthia Monterroso Gómez, que fue denunciada por el exjefe de la FECI por solicitar información de personas que no estaban en investigaciones, situación que fue similar a la denuncia que hizo la exjueza Erika Aifán por posible obstrucción a la justicia, motivos por los que la fiscal general, Consuelo Porras, la mantuviera en la FECI. Por último, está el juez Fredy Raúl Orellana Letona, quien apareció en unas fotografías con el empresario Gustavo Alejos, acusado de negociar el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. Además, Orellana fue quien ordenó la orden de captura contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval. De acuerdo con la Asociación de Periodismo de Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei es el periodo en el que más agresiones contra periodistas y limitaciones a la libertad de expresión se han registrado.
