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La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo “B” que ordenó al expresidente Otto Pérez Molina, el pago de Q13 millones para salir de prisión en el caso “La Línea”. El exfuncionario del extinto Partido Patriota buscaba dejar sin efecto la caución impuesta por el tribunal. sin embargo, su recurso legal fue rechazado por lo que tendrá que pagar el monto estipulado para obtener el arresto domiciliario en esta carpeta judicial.
“Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Otto Fernando Pérez Molina y se confirma el auto de 7 de diciembre de 2021, dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, constituida en Tribunal de Amparo, por el que dispuso suspender, en definitiva, el trámite de la acción constitucional instada”, detalla la resolución de la máxima Corte.
#AHORA La caución económica de Q13 millones para que el expresidente Otto Pérez Molina salga de prisión sigue vigente. La CC confirmó la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo "B", que ordenó a Pérez Molina, juzgado por el caso "La Línea", pagar ese monto | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/auCMQDF3nC
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) July 8, 2022
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Pérez Molina promovió un amparo contra el Tribunal de Mayor Riesgo B”, el cual señala acto reclamado la resolución dictada en audiencia de 15 de noviembre de 2021, por medio de la cual declaró con lugar la revisión de medida de coerción personal e impuso una caución económica de Q13 millones 177 mil dentro del proceso penal tramitado en su contra.
Caso La Línea
El expresidente está acusado de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo por su vinculación a una red de defraudación aduanera denominada “La Línea”, un escándalo político que llevó al debacle de su gobierno en 2015.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con el exjefe de sección, Juan Francisco Sandoval, y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CIGIG). Además de señalar al exbinomio presidencial, también participaron empresarios, particulares, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país.
