Este viernes, 10 de junio, se reanudó el proceso penal en contra de Nanci Sinto, una joven que participó en la manifestación frente al Congreso de la República en noviembre 2020, en la que decenas de guatemaltecos manifestaron su rechazo contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021 y exigían la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
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La audiencia de apertura a juicio en contra de Pinto, quien es señalada por el Ministerio Público del delito de depredación de bienes, se realiza en el Juzgado Duodécimo Penal, a cargo de la jueza Wendy Yaneth Coloma Alburez.
Expresan apoyo por persecución
Familiares de Pinto se presentaron este viernes en Torre de Tribunales para manifestar su apoyo por lo que califican una desproporcionada e injusta persecución penal en contra de la joven que por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión se enfrentó a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.
Mediante un comunicado, la familia indica que Pinto participó en la manifestación ciudadana que se realizó el 21 de noviembre de 2020. Explicó que durante dicha manifestación, los antimotines actuaron con violencia contra la ciudadanía que protestó por el incremento injustificado al Presupuesto General aprobado por diputados. “El MP tiene conocimiento de que Nanci fue golpeada repetidas veces y lanzada violentamente contra el pavimento, atentando contra su vida, dignidad y libertades, delitos que debe perseguir”, exige la familia.
“Las paredes se lavaron y no hubo ningún daño, pero mi hija fue violentada físicamente y sigue siendo violentada psicológicamente. Allanaron la casa, secuestraron sus pertenencias e investigaron sus redes sociales y continúa la persecución injustificada porque quieren usar este caso para que ya nadie proteste contra la corrupción”, detalla la madre de la afectada, Isabel Sinto.
“Pido justicia y que se cierre hoy este caso, porque ella no cometió ningún delito”, agregó Sinto.
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Pintas en el Congreso
Las paredes del Congreso de la República son usadas por la ciudadanía para rechazar las decisiones que afectan a la población. Criminalizar esta forma de expresión es querer encarcelar a miles de personas, usando el sistema penal para acallar sus opiniones contra la corrupción e impunidad.
