Movimiento Pro Justicia pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) así como al Ministerio de Gobernación que velen por la seguridad del juez Miguel Ángel Gálvez, quien recientemente dio a conocer amenazas en su contra tras su resolución en el caso Diario Militar.
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“Nos solidarizamos con los operadores de justicia en el exilio y con quienes están aquí, afrontando los rigores de la embestida de la impunidad”, indicó la entidad.
Asimismo, también se refirieron a las amenazas de las cuales ha sido objeto el juez Gálvez. “Deploramos las amenazas contra el juez Miguel Ángel Gálvez, un distinguido profesional a quien hoy atacan por honorable e independiente”, añadieron.
Por otro lado, la entidad asegura que los operadores de justicia, en particular quienes se desempeñan con independencia, se encuentran actualmente en una situación de violencia política que amenaza su libertad, su vida, su paz y su tranquilidad.
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“Y en particular su libre desempeño como jueces, fiscales, defensores y litigantes”, añaden.
Por tal razón se solidarizan con los operadores de justicia que han ido al exilio y también deploran las amenazas contra el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.
“Demandamos a la CSJ y al Mingob velar por la seguridad del juez Gálvez y de otros que, como él, cumplen con su deber en esos espacios frágiles e inestables de la justicia independiente”, finalizan.
Movimiento Pro Justicia pide a la Corte Suprema de Justicia y al @mingobguate velar por la seguridad del juez Miguel Ángel Gálvez quien recientemente dio a conocer amenazas en su contra tras su resolución en el caso Diario Militar. https://t.co/mzE2Bc35kG
— David Alvarado (@dalvarado_eu) May 11, 2022
Previamente, la Asociación de Jueces y Magistrados por la Integridad (AGJI) también emitió un pronunciamiento con respecto a este tema.
Denuncia amenazas
El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió el pasado viernes enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 183 personas durante la guerra civil (1960-1996).
Las atrocidades a que fueron sometidos profesionales, estudiantes, activistas y guerrilleros quedaron plasmadas en el llamado “Diario Militar”, encontrado en mayo de 1999.
Según ese archivo, las violaciones de lesa humanidad ocurrieron entre 1983 y 1986 durante el gobierno de facto del general Óscar Mejía.