El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia aún se encuentra analizando qué medidas podrían tomarse tras la agresión a dos niñas por guardias de seguridad privada en el centro comercial Cayalá.
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La fiscalía borró la información relacionada al caso de maltrato de las menores en el centro comercial en la que señalaba que ha pedido “una medida” para desjudicializar el caso.
Por ahora, la fiscalía indicó que “se encuentra analizando el tema” y aún “no ha sometido a control jurisdiccional ninguna petición”.
Emerge denuncia por posible red de explotación infantil
El MP se retractó luego que la Procuraduría General de la Nación (PGN) debatió ayer que se tomaran una serie de medidas que contemplaba charlas psicológicas, capacitación y donaciones.
La institución comunicó que fue “enfática” al manifestar que consideraba “prematura la aplicación de una salida alterna al proceso”, luego de que se denunciara antes el MP un posible caso de explotación infantil.
De acuerdo a la PGN, las medidas que la fiscalía planteó para la reparación de las víctimas no tendrían el efecto esperado, pues no se tienen localizadas a las niñas que fueron víctimas de la agresión.
“Dicha reparación se toma infundada ya que la misma no atiende las verdaderas pretensiones y necesidades de los agraviados, ni repara sustancialmente los daños de los que pudieron ser objeto”, indicó la institución en un comunicado.
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Según PGN, denuncia fue anónima
La PGN informó que dos denuncias fueron interpuestas para que se investigara la posible red de explotación por el parte de la fiscalía, luego de que la empresa de seguridad privada del centro comercial informara de los hechos.
La empresa indicó que se denunció la sospecha de que se fuerza a los niños a pedir dinero en los alrededores del comercial. Un fenómeno recurrente en semáforos y otros espacios de la ciudad.
Por ello, la PGN se desligó de las acciones que la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia “haya tomado de manera irresponsable”.
La Procuraduría especificó que recibió una “denuncia anónima” por el posible “acarreamiento de niños, niñas y adolescentes” el 28 de febrero del año en curso, lo cual denunció ante la fiscalía.
