Las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONG) siguen preocupando. Después de varias citaciones, los encargados del Repeju acudieron al Congreso para indicar la situación de las organizaciones.
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El Repeju indicó que desde 2006 a la fecha había 10 mil 817 asociaciones civiles, mil 412 ONG y 499 fundaciones.
Llama la atención que de las ONG solo pudieron actualizar datos el 14%, es decir 199 organizaciones, ya que las otras asociaciones no tuvieron complicaciones en la recepción de la documentación.
Entre la información que ahora tuvieron que entregar las ONG es el Registro Tributario Único (RTU) de los integrantes de la junta directiva y del representante legal, como también recibo de agua.
Aunque las organizaciones hayan cumplido con la documentación, el Repeju aclaró que se encuentran en análisis, por lo cual puede haber cambios o el riesgo de cesar su funcionamiento.
“Para el caso de las asociaciones y fundaciones que desarrollan actividades de ONG, deberán iniciar el proceso de transformación, a efecto de no incurrir dentro de las prohibiciones señaladas en la ley”, enfatizó el Repeju.
Sin manual para registro de ONG
La baja en actualización, para el diputado Edgar Batres, pudo ser falta de información o es que ya no están funcionando.
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A la vez, indicó que la respuesta del titular de Repeju es que no existe un reglamento interno para el registro de las organizaciones y que queda a criterio del director de inscribir a las ONG, pero que la rotación del registrador es constante.
“Pudo haber un problema de voluntades por parte de las ONG. O no se dieron cuenta de que tenían que actualizar sus datos o no hubo divulgación de la ley”, resaltó Batres.
Preocupan acciones
El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) denunció un allanamiento ilegal en sus instalaciones el viernes pasado.
“Preocupa el allanamiento que se da en el marco de un retroceso en materia de derechos humanos.
Acciones que pretenden descalificar, limitar, controlar y criminalizar a las organizaciones”, resaltó el Iepades. Le pidió a las autoridades que “se esclarezcan las responsabilidades en contra de los autores materiales e intelectuales del hecho”.
Batres comentó que “el allanamiento fue después de la captura de exmandataria de la CICIG (Leydi Santizo) y muestra una confabulación por el gobierno”.
