Estados Unidos reveló el lunes que incluyó en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, meses antes incluso de que dejara el cargo a finales de enero.
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El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que por ley el Departamento de Estado debe reportar al Congreso, y que generalmente los vuelve no elegibles para admisión en Estados Unidos.
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, tuiteó Blinken, al divulgar la información.
“Nadie está por encima de la ley”, afirmó.
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Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.
En un comunicado, Blinken apuntó que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.
“Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”, agregó.
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Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como “co-conspirador”, aunque no existe una acusación formal en su contra.
JOH “sorprendido”
JOH, como se conoce al exmandatario hondureño por sus iniciales, se declaró “sorprendido” al rechazar los cargos en una “carta abierta” ante la decisión de Washington.
“Hacerme inelegible para una visa (…) es decisión soberana de Estados Unidos”, afirmó. Pero “sorprende que esta decisión, como lo señala (…) la declaración del secretaro Anthony Blinken, se toma basados en ‘reportes de medios de communicación” y además en declaraciones de narcotraficantes asesinos confesos que fueron extraditados” por su gobierno, agregó.
Argumentó entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, 41.240 kg de cocaína les fueron incautados, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.
Tras entregar el poder a Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.
Ese mismo día, desde Washington, la congresista estadounidense Normas Torres, una demócrata nacida en Guatemala, pidió al Departamento de Justicia solicitar la extradición de Hernández por presuntamente “proteger y ayudar a narcotraficantes”.
La semana pasada, otro demócrata, el influyente senador Bob Menéndez, instó a la administración de Biden revocar el visado Hernández e imponerle sanciones económicas como “capo del narcotráfico en el extranjero”.
Hernández respondió señalando que durante su gestión presidencial se “desbarataron los carteles” de la droga. El exmandatario afirma que logró reducir en 95% el paso de la cocaína por Honduras desde 2014 y que eso le valió felicitaciones de Washington.
El gobierno de Joe Biden está determinado a luchar contra la corrupción y promover el estado de derecho en el Triángulo Norte, factores que considera contribuyen al éxodo de migrantes indocumentados a la frontera sur estadounidense.
“Continuaremos asociándonos con funcionarios del gobierno hondureño y miembros de la sociedad civil y del sector privado que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas profundas de la migración irregular de la región”, señaló Blinken el lunes.
Al asistir a la investidura de Castro, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, saludó el compromiso de la nueva gobernante de combatir la corrupción y la impunidad.
Castro prometió desmantelar leyes aprobadas durante el gobierno de Hernández que disminuyeron las penas por delitos de narcotráfico y corrupción.
* Con información de agencia AFP.
