La aplicación de la nueva legislación que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG) presenta una amenaza para el funcionamiento de las mismas debido a las diferentes maneras de su aplicación, que podría ser con dedicatoria a las que son de derechos humanos y sociales.
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Varias organizaciones y asociaciones que pidieron el anonimato denunciaron el engorroso procedimiento que cobró vigencia desde el año pasado con las reformas que impulsó la alianza oficialista en el Congreso.
Una asociación civil de análisis de temas económicos y sociales comentó que ahora le tomó tres meses la actualización del representante legal en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju), que está en el Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, otra organización de derechos humanos explicó que ahora la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde se actualiza el Registro Tributario Unificado (RTU), solicitan que los representantes estén inscritos en el Registro Mercantil.
“Es incomprensible porque somos una asociación sin fines de lucro, no una empresa para estar en ese registro”, indicó uno de los integrantes. Que agregó que hay desconocimiento por el personal de la SAT.
Además, ahora en el Repeju solicitan que se presenten los RTU de los integrantes de las directivas, lo cual es un proceso más complicado.
Las organizaciones coincidieron que de no tener actualizada la información en Repeju se corre el riesgo de ser canceladas. Cuyo plazo vence pasado mañana, 2 de febrero.
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Sorpresivas inscripciones versus ONG
Asimismo, el Ministerio de Gobernación es el encargado de autorizar el funcionamiento de iglesias. Y, conforme a las publicaciones en el diario oficial, alrededor de ocho entidades religiosas son autorizadas cada día.
Por lo que los integrantes de las ONG señalaron la diferencia de criterios para la actualización y la autorización de las asociaciones.
Andrea Reyes, abogada, recordó que, aunque las reformas buscaban “mejor fiscalización”, parece que es para “hacerles la vida imposible” a las organizaciones por toda la burocracia que se implementa.
La profesional añadió que puede haber mala fe del Estado por leyes que complican el funcionamiento de las ONG. Porque a unas les ha tomado más tiempo actualizar la misma información.
Discrecionalidad
- Abogados agregaron que la resolución de la Corte de Constitucionalidad, allegada al presidente Alejandro Giammattei. Declaró una inconstitucionalidad provisional, por lo que el Repeju tendría las facultades de cancelar las ONG si en caso el fallo definitivo se revierte.
Las reformas a la Ley de ONG también las cuestionó hasta por la vicepresidenta Kamala Harris, de los EE. UU.
