La Secretaria General del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad (CC) falló a su favor y así se determinó el cierre del caso en su contra por financiamiento electoral no reportado.
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De acuerdo con Torres, el fallo de la corte se basó en que hubo criterios inconstitucionales para imputarla en el caso, por lo que aseguró que hubo la violación de sus derechos.
La resolución de la CC establece que el delito de financiamiento electoral no registrado “no existía en el momento” dentro del Código Penal, cuando se señaló “la comisión de los hechos imputados y acusados”. Razón por la excandidata aseguró que ya no existía persecución judicial en su contra.
La corte declaró con lugar el recurso, pero estableció que Torres puede ser “encausada por otras figuras delictivas vigentes al momento de los hechos”. Torres está ligada a proceso penal por el delito de asociación ilícita.
En miras de próximas elecciones
Anteriormente, la defensa de Torres presentó una acción de inconstitucionalidad pero la jueza Claudette Domínguez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, la declaró sin lugar.
Posteriormente, el recurso se presentó ante la CC que finalmente falló a favor, bajo el criterio de que el artículo 407 “O” no figuraba en la legislación nacional cuando se supone que ella habría cometido los hechos que se le señalan.
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A poco tiempo de que inicie el año preelectoral, ahora Torres, retomó el cargo como Secretaria General de la UNE y regresó a diversas actividades públicas e incluso impulsó una iniciativa de programas sociales parecidos a los que trabajó cuando fue primera dama de 2008 a 2012.
Caso contra Torres
La excandidata fue detenida en septiembre de 2019, cuando permanecía en su vivienda en carretera a El Salvador. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) la señaló de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
La fiscalía presentó 343 medios de prueba con el fin de demostrar que la UNE recibió más de Q19.5 millones de financiamiento electoral que la agrupación reportó ante el Tribunal Electoral Supremo (TSE). De acuerdo a las pruebas documentales y testimoniales, la cifra sumaba alrededor de Q27.7 millones.
