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Velación masiva a víctimas de Santa Catarina Ixtahuacán

Los vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán reclaman justicia por la matanza 13 de sus pobladores, entre ellos cuatro niños.

Los vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán llevan a cabo el sepelio masivo por la masacre de 13 personas que ocurrió en el contexto del conflicto territorial con la comunidad de Nahualá.

Sobre una plataforma se colocaron los ataúdes y las fotografías de ocho de las víctimas y se guardó un minuto de silencio en el lugar conocido como Cumbre de Alaska, en el kilómetro 170 de la ruta interamericana.

Veladoras y pancartas se colocaron al frente en los que se leían mensajes donde se exige al Gobierno que se haga justicia y se detenga a los responsables del hecho violento.

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“Estamos de luto”, afirmó uno de los dirigente al micrófono, entre el llanto y dolor de los familiares.

Este lunes, familiares de la víctimas acudieron a una morgue para la entrega de 11 de los cuerpos, para luego trasladarlos en caravana hasta el ingreso de la comunidad de Santa Catarina Ixtahuacán.

Conflicto entre comunidades escala

Policías y soldados con fusiles se desplegaron este domingo en la zona tras la masacre en la que murieron cuatro niños.

La masacre ocurrió entre viernes y sábado por lo que un equipados con equipo antidisturbios llevaron a cabo un operativo de seguridad.

Algunas personas circulaban en pick-ups y microbuses hacia las comunidades de Nahualá y la vecina de Santa Catarina Ixtahuacán -enfrentadas por el centenario conflicto por el control de territorios limítrofes, donde hay bosques y cauces de agua- ante la mirada atenta de los agentes y sin detenerse a hablar.

La noche del sábado, la Policía informó de 13 personas muertas en la aldea Chiquix, entre ellas el agente Luis Reinoso, de 34 años, además de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala.

Según el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la matanza ocurrió cuando familias de una comunidad de Santa Catarina Ixtahuacán que se dirigía a “levantar sus cosechas” fue “emboscada por un grupo de hombres que portaban armas de grueso calibre”. La prensa local señaló que las víctimas iban a recolectar maíz.

“Las familias emboscadas, luego de asesinadas, fueron quemadas dentro del camión donde se conducían, y los niños descuartizados con machete”, indicó Rodas en un informe en el que recomendó al presidente, Alejandro Giammattei, “otorgarle la máxima prioridad a la grave situación de seguridad en el área”.

“Existen indicios de que los ataques armados más recientes han rebasado el histórico conflicto limítrofe”, fustigó Rodas.

“No somos animales”

“Quiero que se resuelva este problema (…). Ya no se aguanta”, indicó casi en llanto una mujer que no quiso dar su nombre al exigir al presidente una pronta intervención para resolver el añejo conflicto territorial que ya deja varios muertos.

Vestida con su traje indígena, señaló que en la matanza murió su hermana, su cuñado y cuatro sobrinos (dos niñas y dos niños) de 5, 12, 14 y 16 años.

“Somos humanos, no somos animales. Tenemos el derecho a la vida, esos niños tenían un gran futuro”, añadió acongojada la líder comunitaria Catalina de la Cruz.

“Que se haga justicia, que se investigue a esta gente que fue causante de todo esto y que se le de el castigo”, reclamó.

Intentos de diálogo

En mayo del año pasado, poco después de una nueva escalada de violencia entre los dos municipios habitados por indígenas maya-k’iche’, Giammattei decretó un estado de sitio e instaló una comisión para intentar resolver el conflicto.

Las diferencias “han persistido por más de 100 años” y se han “cobrado la vida de muchísimos pobladores involucrados en la supuesta defensa de sus tierras”, dijo Giammattei en aquella ocasión.

En agosto pasado, el ministro del Interior, Gendri Reyes, se comprometió con los pobladores de la zona a reforzar la presencia policial en ambos municipios para “prevenir los conflictos debido a las disputas limítrofes”.

Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40% de los casi 17 millones de guatemaltecos, según cifras oficiales.

Con información de la Agence France-Presse (AFP).

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