Aunque la directiva del Congreso esperó más de tres horas para ratificar el estado de Sitio en El Estor, Izabal, que decretó el presidente, Alejandro Giammattei, los diputados modificaron esa medida.
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La diputada representante de Izabal, Thelma Ramírez, presentó una moción para que la Presidencia instale una mesa de diálogo donde participe el Ministerio de Energía y Minas, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Además, de representantes del municipio, de organizaciones legales, de asociaciones de pescadores y de la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico).
En dicha solicitud se incluyó que “no se tomarán represalias en contra de dirigentes o ciudadanos que hayan manifestado en apego a Derecho”.
Párrafo que causa controversia, porque derivado del rechazo a la minería en el lugar, pobladores se opusieron a que camiones retiraran producción de la mina. Lo que hizo que la Policía Nacional Civil movilizara agentes para la liberación del paso causando una trifulca, donde resultaron heridos pobladores y policías.
La alianza oficialista ratificó el estado de Excepción con 84 votos, que estará vigente por 30 días, en único debate, de acuerdo con la última resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cercanos a grupos que rodean al mandatario.
Posiciones divididas en El Estor
La discusión sobre la aprobación del estado de Sitio alteró los ánimos de los diputados, ya que unos señalaron que otros grupos. Como del crimen organizado, están involucrados en los disturbios, por lo que debía implementarse esa medida en otros departamentos.
Otros indicaron que eran organizaciones no gubernamentales que limitaban los derechos de las personas. Ya que extorsionan para tránsito vehicular o particular y “mantienen secuestradas a las personas en las comunidades”.
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Mientras que diputados de la oposición rechazaron la decisión presidencial porque limita derechos. Lo cual es una recriminización, ya que las acciones solo benefician a la empresa y no se cumplen con las resoluciones judiciales.
“Suspender las garantías constitucionales y reprimir aún más al pueblo q’eqchi’ en El Estor, para defender a una empresa minera, violando incluso resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Que, por cierto, dicen que lo que la empresa se lleva realmente es uranio, por lo que es una empresa que daña el patrimonio nacional”, señaló el diputado Walter Félix.
La diputada Vicenta Jerónimo defendió a las comunidades que están en resistencia por oponerse a las actividades mineras.
“El estado de Sitio no viene a resolver el problema de fondo. No busca resolver la conflictividad social ni el rechazo a la explotación minera que existe en las comunidades. Ni mucho menos con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad”, Román Castellanos, diputado de Semilla
