ODHAG y AJR se pronuncian por juicio que enfrentarán militares retirados

“Celebramos hoy a la justicia, tardía, pero se acerca al horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas y sobrevivientes del genocidio (por militares). Hemos cumplido con éxito la primera etapa para probar que siempre hemos dicho la verdad y actuado en busca de justicia”, fue el pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y la Asociación Justicia para la Reconciliación.

La postura de ambas organizaciones fue al conocer que el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a los militares veteranos Benedicto Lucas García y a Manuel Antonio Callejas y Callejas.

García fue jefe del Estado Mayor General del Ejército. Y Callejas se desempeñó como jefe de la sección de Inteligencia del Estado Mayor General durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García.

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Las organizaciones señalan que entre los años 1978 y 1982 centenares de familias mayas sufrieron por los “operaciones militares de barrida”. Que fueron dirigidas desde el Estado Mayor General del Ejército. Además, el proyecto interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) indicó que en los municipios de Santa María Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, Quiché, alrededor de 12 mil 400 personas sufrieron por las operaciones del Alto Mando Militar.

Las dos asociaciones agregaron que familiares de las víctimas han superado los obstáculos políticos y materiales que pusieron gobiernos, fiscales generales y el Ejército. Negando el acceso a los archivos militares y estatales, retrasando los procesos con manipulación de leyes.

Resaltan pruebas contra militares

El Juzgado de Mayor Riesgo B restituyó una primera parte del derecho de las víctimas como es el valor probatorio de aproximadamente 200 testimonios. 148 peritajes de Antropología Forense, 12 peritajes científicos y más de 70 documentos militares y hemerográficos, que cuentan con más de mil 731 víctimas.

Entre lo que se puede destacar desplazamientos forzados, violaciones sexuales, tortura y desapariciones. Ante ello, piden que un tribunal responda apegado a derecho y realice el juicio bajo los estándares de honestidad, imparcialidad y justicia. Para rechazar impunidad como son las amnistías y dignificar a las víctimas.