El Gobierno de Guatemala por medio de un comunicado se pronunció luego de las declaraciones de Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido el viernes como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
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De acuerdo con la declaración del exfiscal en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos, habría presiones para que no se investigaran casos que se relacionen con el Organismo Ejecutivo, específicamente que involucren al presidente Alejandro Giammattei o personas cercanas a él.
Sandoval aseguró que cualquier requerimiento se debía pedir con cordialidad y con el visto bueno de la fiscal general Consuelo Porras.
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En ese sentido, el Gobierno de Guatemala rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por el Juan Francisco Sandoval, “quien realizó afirmaciones sobre supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente, razón por la cual es oportuno solicitar que los órganos competentes realicen la indagación de mérito y presenten los elementos de convicción que permitan demostrar la falsedad o veracidad de lo dicho”.
Agregó que de conformidad con lo establecido en las leyes ordinarias de índole penal del país, “ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia”.
“El Presidente Alejandro Giammattei ha manifestado ser respetuoso de la independencia que la ley le otorga al Ministerio Público, reiterando que no es de su competencia emitir comentarios acerca de las decisiones y disposiciones que se asumen en las distintas instituciones con funciones autónomas, enfocando los esfuerzos y recursos del Estado en el fortalecimiento de las mismas, a efecto que puedan desarrollar su labor de la mejor manera posible”, detalla el escrito.
Giammattei reiteró “su compromiso de respeto al Estado de Derecho, a la autonomía e independencia de las instituciones, y hace un llamado a que todas sus decisiones persigan la realización de la justicia, se actúe con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad que establece la legislación guatemalteca”.