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Se suma otra denuncia penal contra el presidente, el canciller y la ministra de Salud

La organización Acción Ciudadana presentó una denuncia penal en el Ministerio Público contra las autoridades por el tema de vacunas contra la Covid-19.

Al menos por cuatro delitos se ha señalado a los tres funcionarios del Ejecutivo a través de una denuncia penal presentada por la organización Acción Ciudadana (AC).

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Anteriormente el colectivo había presenta otra querella por falta de acceso a la información del contrato y la negociación para la compra de vacunas contra el Covid-19. En esa ocasión, su director Edie Cux dijo que está información debía ser pública, pero estaba siendo retenida. A su parecer, la información es importante al considerar el valor del contrato.

Ahora, en esta nueva denuncia se señala al presidente Alejandro Giammatttei, al canciller Pedro Brolo y a la ministra de Salud, Amelia Flores, de cuatro faltas por la negociación de las dosis.

Asociación ilícita, Fraude, Peculado por sustracción y Malversación son los delitos por los que AC  planteó la denuncia, la cual hace referencia a la compra de vacunas Sputnik V.

En el oficio se hace referencia que la suscripción del contrato se pudo dar a través de una subsidiaría y no directo al fabricante. Además, hace referencia a las clausulas del contrato firmado entre ambas partes, las cuales, aseguran, resultan perjudiciales para Guatemala.

“Ante posibles desacuerdos surgidos del contrato, estos se solucionarán por medio de arbitraje, señalando que se someterán al Centro de Arbitraje de Singapur, lo cual complica el ejercicio del derecho de defensa para el Estado guatemalteco”, se describe.

Otros aspectos detallados es que no se garantiza la entrega de las vacunas y que está sujeta a eventos previsibles.

“Una vez cumplidos los eventos, tampoco se establece un plazo de cumplimiento o de entrega total, no se define un calendario o cronograma de entrega, dejando a discreción del vendedor el momento en el que se entregarán las vacunas, sin que exista tampoco un plazo establecido”, se especificó.

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También se destaca que la responsabilidad del vendedor se circunscribe únicamente a 100,000 mil dólares en caso de incumplimiento. Una cantidad poco representativa para la magnitud del negocio, asegura la entidad denunciante.

Tras la denuncia presentada, representantes de diversas organizaciones sociales exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, al considerar que ha habido negligencia para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

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