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Un magistrado de la CC y otro de la CSJ están en listado de corruptos de Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la lista de funcionarios o exfuncionarios que tienen señalamientos de corrupción e impunidad en El Salvador, Honduras y Guatemala.
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Los señalamientos contra funcionarios del sistema de justicia aumentan, pues en el listado de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos se incluyó al magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Nester Vásquez Pimentel, ya que preocupa que interfiera en resoluciones.

Otro de los incluidos en el listado es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Reginaldo Duarte, quien tiene vínculos con políticos acusados de corrupción y operadores en la elección de funcionarios en el Organismo Judicial.

La decisión de las autoridades de Estados Unidos se suma a las acusaciones contra Vásquez Pimentel hechas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la cual sospecha que el magistrado pudo haber negociado la elección de magistrados a las Salas de Apelaciones.

Abogados impugnaron la designación de Vásquez como titular del máximo tribunal por considerar que no cumplía con los requisitos.

Organizaciones civiles catalogan de preocupante que funcionarios sean señalados en el extranjero, ya que “afecta la institucionalidad y se confirman acusaciones en su contra”.

El informe indica que las personas incluidas en el listado están involucradas en la obstrucción de las investigaciones de corrupción en contratos gubernamentales, sobornos y extorsión, facilitación o transferencia de productos de la corrupción, incluso en el lavado de dinero y actos de violencia y acoso a investigadores de corrupción.

Diputados, alcaldes y expresidente en listado

Otros políticos que aparecen en la lista son el exjuez Mynor Moto Morataya y el exviceministro de Comunicaciones Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez.

Asimismo, se incluyó en el informe a directivos de una asociación relacionada con militares veteranos.

También se incluyó a Juan Carlos Godínez, abogado y excandidato a presidir el Colegio de Abogados y Notarios, cercano a Gustavo Alejos Cámbara. Además, está Moisés Eduardo Galindo Ruiz, detenido por corrupción y conocido por intimidar a fiscales y jueces.

En el listado también aparece Florencio Carrascoza Gámez, alcalde de Joyabaj, en Quiché, por su posible vinculación de procesar a opositores políticos.

En cuanto a diputados señalados de corrupción aparecen Felipe Alejos Lorenzana y Boris España, ambos del partido Todos; también el congresista de la bancada UNE Jorge Estuardo Vargas, que es operador de Sandra Torres.

Mientras que los exfuncionarios mencionados en ese listado son Delia Bac Alvarado, cercana a Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; y la exmagistrada Blanca Stalling, quien aún tiene control en la CSJ.

También aparece el expresidente Álvaro Colom Caballeros, su secretario privado Gustavo Alejos, el exministro Elder Súchite y el excandidato presidencial Mario Amilcar Estrada Orellana.
En dicha lista también se acusan a exfuncionarios de El Salvador y Honduras.

Ricardo Zúñiga “No será el único”

El funcionario estadounidense de origen hondureño también se pronunció por el informe que se entregó en el Congreso. Zúñiga aclaró que no será el único listado de funcionarios o exfuncionarios que se publique.

Además, indicó que la publicación del informe es una muestra del compromiso de Estados Unidos para el combate a la corrupción y la impunidad en la región. Ya que tienen conocimiento que son aspectos que generan la emigración hacia EE. UU. y que es una amenaza nacional a ese país.

“Los ciudadanos tienen una larga historia de repudiar actos de corrupción, de demandar transparencia por parte de sus gobiernos y de actores privados, y en defensa de instituciones democráticas. Infelizmente, hemos visto que siguen actos de corrupción e impunidad y esfuerzos por atacar las instituciones democráticas”, resaltó Zúñiga.

El enviado especial que viajó a Guatemala y El Salvador mostró su preocupación, ya que hay personas que trabajan en el sector público, ya sea en el Organismo Judicial, en el Ejecutivo o en el Congreso, que afectan la confianza de la población y afecta en la confianza internacional y en el Estado de derecho

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