La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que la primera fase del caso “Asesoría Legal operación lavado de Activos” sea elevado a un Juzgado de Mayor Riesgo.
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De momento, la primera parte del proceso se conoce en el Juzgado Octavo Penal y figuran como señalados William Darío Molina Ruiz y Marco Antonio Arana Mazariegos.
La FECI recientemente presentó una acusación buscando que ambos sean enviados a juicio.
En este caso también está vinculado el abogado Francisco García Gudiel, quien enfrenta proceso y permanece en prisión preventiva.
Por este caso se incrimina a García Gudiel de haberse apoderado de más de Q40 millones de sus defendidos.
El abogado y el colombiano Molina Ruiz, según las investigaciones, habrían ocultado a cuatro personas con orden de captura en el caso “construcción y corrupción” con la finalidad de eludir a la justicia.
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Los señalados también habrían creado una estrategia para que las cuentas bancarias de los sindicados no pudieran ser rastreadas.
Detalles del caso
Luego de los operativos del Ministerio Público, a cargo de la FECI, por el caso Construcción y Corrupción en 2017, uno de los capturados contrató los servicios de García Gudiel.
El defensor y el ciudadano colombiano ocultaron a José Guillermo Samayoa Soria y a otros tres implicados de ese caso en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente.
De acuerdo a las primeras indagaciones, para proteger los bienes de Samayoa Soria, García Gudiel le recomendó trasladarlos a sus cuentas, que podrían ser reportados como pago de honorarios.
El informe añade que otros fondos de Samayoa Soria fueron trasladados a entidades mercantiles vinculadas con el defensor.
García Gudiel habría recibido Q19 millones, mediante tres operaciones bancarias. Sin embargo, mediante esa estrategia de desvíos de fondos, tanto el togado como Molina Ruiz se apoderaron de más de Q40 millones, acorde a la fiscalía.
