Por mayoría, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó los amparos que habían frenado la vigencia de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG).
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Los cambios aprobados el marzo del año pasado, permiten que el presidente de la República cancele, a discreción, ciertas organizaciones. El anterior tribunal constitucional había frenado dichos cambios por considerar una amenaza. Además, de violación a los derechos de libertad de acción, de asociación, a la libre emisión del pensamiento y a la participación ciudadana.
Asimismo organismos internacionales lamentaron la aprobación de las reformas a esa ley, y recomendaron al presidente no sancionarla para que no cobrara vigencia.
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“Repudiamos la resolución que niega de forma definitiva los amparos contra la Ley de ONG, lo que representa un grave retroceso en derechos humanos. Es clara amenaza a quienes defienden la libertad de asociación y evidencia el actuar malicioso de la actual Corte de la Impunidad”, resaltó el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) con las reformas.
Votación para vigencia
Los magistrados que votaron para revocar el amparo provisional y permite la vigencia fueron el presidente, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus. Los tres fueron electos en los organismos del Estado, cuyas designaciones no son impugnables.
Los magistrados que emitieron su voto concurrente fueron Francisco de Mata y María Fernández. Ambos continúan en esos cargos ya que sus sucesores no han podido tomar posesión a la CC por impugnaciones.
Uno de los artículos que se reformó indica que ninguna donación o financiamiento externo será para realizar actividades que alteren el orden público en el país. En caso una organización utiliza financiamiento externo para ese tipo de actividades será cancelada inmediatamente en el Ministerio de Gobernación. Y los directivos serán imputados conforme a la legislación penal, según la vigencia de la ley.
El presidente de la CC, Molina Barreto, explicó que ahora se deberá publicar dicha ley para que cobre vigencia.
“El amparo no es la vía para atacar una ley de carácter general”, explicó Molina.