La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó este viernes que realizó la solicitud formal a la Interpol para activar la alerta roja internacional contra los abogados Mynor Moto y Dennis Billy Herrera.
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Esto ante el riesgo de que ambos profesionales del Derecho puedan salir del país.
Ambos son señalados por la referida fiscalía del Ministerio Público en el caso denominado Comisiones Paralelas y fueron declarados prófugos de la justicia.
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#AHORA Ante el riesgo que puedan salir del país, FECI hizo la solicitud formal a la Interpol para que active alerta roja internacional contra Mynor Moto y Dennis Billy Herrera Arita, ambos prófugos de la justicia por el caso #ComisionesParalelas2020. @EmisorasUnidas
— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) February 5, 2021
Buscan capturar a Mynor Moto
El pasado lunes se confirmó que se había girado una orden de captura en contra del magistrado electo, quien fue juramentado por el Congreso de la República el pasado martes 26 de enero.
La orden de detención contra Moto es por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia, por una supuesta manipulación para la elección de jueces en el Organismo Judicial, señaló el ente investigador.
A pesar de los señalamientos contra el juzgador, Moto fue electo para integrar la Corte de Constitucionalidad como magistrado titular.
Sin embargo, no asumió el cargo en el tribunal, pese a que por dos días consecutivos el juzgador se presentó en la sede de la CC para tomar posesión.
Juramentación en suspenso
Los magistrados de la CC informaron este jueves que otorgaron un amparo provisional contra la juramentación de Moto.
Esto deja en suspenso el acto de juramentación y cualquier otra acción relacionada.
La elección y pronta juramentación del profesional de Derecho provocó una serie de rechazo, tanto a nivel nacional como internacional.
Estados Unidos cuestionó el nombramiento de un juez señalado de corrupcióna, insistiendo en la necesidad de una selección “justa y transparente” de los miembros de la máxima instancia judicial del país.
“Seguimos de cerca el intento del Congreso de Guatemala de nombrar magistrado de la Corte Constitucional a una persona con serias acusaciones en su contra”, dijo el Departamento de Estado a través su portavoz, Ned Price.
“Este nombramiento por parte del Congreso de Guatemala pone en tela de juicio la integridad del más alto tribunal de Guatemala, lo que debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de Estados Unidos”, añadió en un comunicado.