La Fiscalía contra la Corrupción presentó medios de prueba para enviar a juicio a 14 personas vinculadas al caso “Libramiento de Chimaltenango“, el cual podría extenderse a una segunda fase.
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Stuardo Campos, jefe de esa sección, afirmó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, que las investigaciones se siguen desarrollando.
Por lo pronto, once personas han sido acusadas de los delitos de fraude, estafa propia y lavado de dinero u otro activos por simular ser los propietarios de terrenos y recibir por ello Q15 millones de fondos del Estado. Otra de las acusadas es una trabajadora que certificó de forma anómala los expedientes administrativos.
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Además están implicados los representantes legales de las empresas a cargo de la obra de libramiento: Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de la empresa Conasa; y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de la entidad Renova Ingenieros S. A. Ambos señalados de fraude.
Investigan compra de terrenos
El fiscal Campos explicó que los terrenos servirían para la ejecución del libramiento y que sus verdaderos propietarios ya habían sido indemnizados por la Dirección General de Caminos. “Sin embargo, se conforman once expedientes conteniendo documentación falsificada y a través de ellos Caminos autorizó pagar diferentes cantidades en favor de estas personas”, detalló.
Los implicados habrían recibido los Q15 millones en sus cuentas bancarias a través del cobro de cheques en efectivo y la adquisición de un vehículo último modelo. También el pago de algunos créditos y una serie de operaciones “orientadas a ocultar el verdadero destino o a los verdaderos beneficiarios de estas transferencias”. Lo que hicieron, además del cobro de los recursos a través de cheques, fue colaborar para que perder el trazo del dinero.
“No tenían ningún derecho sobre estos inmuebles y pese a ello el Estado los indemnizó”, sentenció.
“Nosotros estimamos que puede existir una etapa dos en la primera fase del caso, que corresponde a las personas beneficiadas con la falta de mérito. Y definitivamente va existir una segunda fase en relación a otro tipo de actividades ilícitas que ya involucrarían a personas de más alto nivel en la estructura del Estado”, aseguró Campos.
Asimismo, dijo que por ahora los señalados son exfuncionarios que trabajaron durante la gestión del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, cuando gobernó el expresidente Jimmy Morales, pero no se descartan a funcionarios de otros períodos de gobierno.
Fallo de Moto sobre el libramiento
Otro grupo de 16 personas podrían estar implicadas y son exfuncionarios y exmiembros de la junta de calificación del Ministerio de Comunicaciones, mismas que fueron favorecidas por un fallo del juez Mynor Moto el pasado 16 de octubre. Decisión que Campos dijo, ya fue apelada.
En ese sentido, la decisión de Moto “afecta mucho y es un golpe a la justicia” a decir de Campos. “Sería incomprensible que únicamente los particulares tuvieran responsabilidad en estos hechos ilícitos cuando es más que evidente la participación delictiva de un conjunto de funcionarios públicos”, agregó.
Señala “retardos maliciosos”
Campos dijo que el expediente del caso no había traslado hasta ayer por el Juzgado Tercero hacia el Juzgado de Mayor Riesgo C, al cual finalmente se le designó el caso.
A su criterio, es una situación llamativa y preocupante, por lo que la fiscalía la analizará cuáles son las acciones legales que se presentarán por los “retardos maliciosos”. El trámite de apelación contra la resolución de Moto está regulado en ley y existen plazos, añadió.
El fiscal indicó que el juez Moto no autorizó la orden de captura contra el exministro Benito el pasado 10 de julio, cuando se capturó a los implicados del caso del libramiento, pese a que había indicios en su contra.
Benito actualmente se encuentra prófugo de la justicia por su implicación en el caso de los Q122 millones ubicados en una casa de Antigua Guatemala.
“Definitivamente si se hubiera ordenado en su momento la aprehensión de José Luis Benito muy posiblemente esta persona no estaría prófuga de la justicia al día de hoy”, concluyó.
Presentan pruebas
La fiscalía presentó este lunes 155 medios de pruebas que incluyen auditorías de la Contraloría General de Cuentas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Además, fue incluido un análisis contable financiero elaborado por el MP, un peritaje hecho por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), información de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y declaraciones testimoniales, entre otros documentos.
Los procesados del caso del libramiento y que la fiscalía pide enviar a juicio son:
- Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de la empresa Conasa.
- Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de la entidad Renova Ingenieros S. A.
- Vilma Patricia Duque Estrada, secretaria accidental de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos.
- Rosa Isabel Caal.
- Herber Geovanni Cahuec Velásquez.
- Reina Maribel López Tuluc de Álvarez.
- Cristian Steven Martínez Yos.
- Estiben Alexander Mérida Mayen.
- Francisco Monzón Cute.
- Joel Olcot Burrión.
- Josué Venancio Orellana Sabán.
- Wilson Ottoniel Puac Joj.
- Rafael Sajbochol Sisimit.
- Carlos Alfredo Sicay.