Tribunal Electoral del CANG: “No habrá segunda vuelta electoral”

El Tribunal Electoral del CANG está en sesión permanente y esperando una resolución sobre la elección de magistrado ante la CC.

El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) decidió acatar la resolución judicial, la cual suspende la elección en segunda vuelta de magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El presidente Gustavo Galindo aseguró que ningún integrante de ese ente llegará hoy al club La Aurora, ubicado en la zona 13 capitalina, en donde se llevaría a cabo la votación. Indicó que estarán en sesión permanente esperando una resolución que de luz verde a los comicios.

La decisión se tomó tras las críticas, los pronunciamientos y las acciones que se tomaron en contra de dicho tribunal, pues habían informado que estarían en las instalaciones del club a pesar del fallo judicial.

La organización social “Guatemala Visible” informó que quienes buscan emitir su sufragio están siendo informados sobre la suspensión de las elecciones.

Segunda vuelta electoral

Cuatro meses después del fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía, el CANG convocó a elegir a su sustituto, ya que esa entidad lo había designado ante la CC.

En el proceso participaron cinco personas, pero en los comicios del pasado 4 de enero quienes obtuvieron la mayoría de sufragios fueron: Estuardo Gálvez, quien fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Mynor Moto, juez tercero de Primera Instancia Penal.

Ambos han sido señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

Ante las acusaciones, un grupo de abogados accionó contra el proceso de elección, el cual fue suspendido por la jueza Reyna Yes Marcos, jueza Sexto de Primera Instancia Civil.

Tras el fallo, dos abogados plantearon una solicitud de antejuicio contra la juez Yes Marcos, situación por la que mostró su preocupación la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).

Indican que con esas acciones buscan “el descrédito y afectación de la función judicial”. Se pidió a la Presidencia del Organismo Judicial y a la Corte Suprema de Justicia adoptar medidas que garanticen a la juzgadora un ambiente de trabajo libre de presiones e intimidaciones.

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