La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) requirió al Ministerio Público (MP) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) investigar la entrega de frecuencias 4G durante la última semana.
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Por medio de un comunicado que la oficina del magistrado de Conciencia difundió en la cuenta oficial de Twitter de la entidad, se señalaron los hechos.
En la nota se señaló que:
“Manifiesta que los proceso de licitación y adjudicación de las bandas de 600 MHz y 700 MHz (4G) llevados a cabo por la SIT podrían ser calificados como opacos y no competitivos y, por lo tanto, lesivos a los intereses del Estado”.
Se afirmó que:
“Los negocios públicos opacos y discrecionales abren la puerta a la corrupción y lesionan derechos de toda la sociedad”.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado es propietario las frecuencias electromagnéticas, y que estas pueden ser otorgadas en usufructo.
En tanto, la Ley de Telecomunicaciones detalla que las referidas frecuencias deben ser subastadas para ser adjudicadas a personas individuales o jurídicas.
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Durante la última semana, después del nombramiento de Marco Antonio Baten Ruiz como titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), habrían sido entregadas las frecuencias sin una subasta previa, como lo establece la legislación relacionada.
El funcionario tomó posesión de su cargo el pasado martes 29 de diciembre, en sustitución de José Monterrosa Mezel, quien fue destituido.
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Competencia de la PDH
En la nota de la PDH se detalló que la referida oficina tiene competencia para conocer de los hechos y emitir las referidas recomendaciones porque:
“…su mandato constitucional es velar por la protección y defensa de los derechos humanos de todos los habitantes”.
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