La Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) logró que en audiencia realizada el jueves, 10 de diciembre, se ligara a proceso a tres hombres sindicados de los delitos de posesión de material pornográfico de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación.
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Los sindicados son:
- Erwin Cipriano Arredondo Florián
- Everaldo Méndez Rosil; y
- Perfecto Alberto Cabrera Zúñiga.
El Juez del Juzgado Especializado de Trata de Personas otorgó al MP dos meses para realizar la investigación.
Allanamientos
Estas personas fueron detenidas el pasado 2 de diciembre luego de que fiscales del MP en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaran una serie de 19 allanamientos en el municipio de Tiquisate, Escuintla, en donde se coordinó la aprehensión de 12 personas.
En dicha oportunidad también se procedió a la clausura de cinco negocios de expendio de bebidas alcohólicas y secuestró indicios para robustecer investigaciones por caso de explotación sexual y de la Unidad contra la Pornografía Infantil.
Mientras que en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla se aprehendió a seis personas y se cerraron cinco negocios de expendio de licores donde se les imputará los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución y remuneración para la promoción, facilitación y favorecimiento para la prostitución.
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Los capturados son:
- Alejandro Rafael Espaderos
- Reyna Amparo Ramos Revolorio
- Ana Luisa Ortíz Mich
- Héctor Alonzo Ichel Cifuentes
- Jefferson Raúl Monger Hidalgo
- Victoria Janneth Alonzo
- Edenson Omar Bala Ortiz
En flagrancia fueron sorprendidos:
- Amparo Leticia Chioc Pérez
- Rosendo Tarax Ixcoy
Según indicó el ente investigador, los allanamientos de este caso corresponden a una investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas que ingreso por medio de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas quienes realizaron las gestiones pertinentes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal que emitió la orden de allanamientos a solicitud del Ministerio Público.