Después de escuchar las versiones oficiales del Gobierno, las políticas de algunos diputados, este lunes el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expuso su punto de vista ante la comitiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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La llegada de dicha misión se debe a petición del presidente, Alejandro Giammattei, debido a los disturbios en el Congreso ante la manifestación en rechazo del presupuesto y las decisiones de los diputados y de Presidencia ante la pandemia y los daños por las tormentas tropicales.
“La crisis severa de gobernabilidad no se debe confundir con un “golpe de Estado”, ya que la crisis se debe al inicio de este gobierno por el mal manejo de la pandemia. El gobierno no se puede quejar por falta de recursos, que fueron aprobados por los diputados”, resaltó Rodas.
También le comentó eso hizo que alcaldes y ciudadanos cuestionaran la ejecución de los fondos.
El comisionado del Congreso recordó que la petición del vicepresidente de renunciar juntos es un hecho grave y que debe llamar a la reflexión al presidente Giammattei.
Otro de los temas que abordó, fue que la libertad de prensa está siendo reprimida, tanto por la Presidencia y el titular del Congreso, por llamar sedicioso a un medio de comunicación que fiscaliza la ejecución de sus fondos.
“Estamos estancándonos y retrocediendo en garantías constitucionales, como fue el 21 de noviembre que fueron privados de su libertad manifestantes, y eso se evidencia en la resolución de los jueces de turno. Esperamos un informe objetivo”, concluyó Rodas.
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Insisten en cooptación
El domingo pasado, varios diputados de oposición se reunión con Fluvio Pompeo, líder de la comitiva, donde aclararon que no hay ninguna intención de “golpe de Estado” en el país.
No obstante, indicaron que desde el Congreso y el Ejecutivo se busca cooptar el sistema de justicia, por la desobediencia de las bancadas legislativas afines a la Presidencia para no elegir a magistrados.
Además, denunciaron los ataques a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y así removerlos de los cargos.
