El juez tercero penal, Mynor Moto, reprochó las acciones que el Ministerio Público (MP) desarrolló para determinar si se cometió un acto de corrupción en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
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Para este martes 13 de octubre, en la referida judicatura de realiza la audiencia en la cual el juzgador dará a conocer si los sospechosos en el caso deberán enfrentar a la justicia guatemalteca.
Dentro de su argumentación, Moto manifestó:
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“Si critican que no sirve el Libramiento, no lo usen”.
La manifestación del fin de semana por la corrupción en el Libramiento de Chimaltenango, ha sido la más genial y creativa de los últimos años.
— Rafael Maldonado (@Rafa_Mal0072) October 12, 2020
Ojalá y motive a la Cony del @MPguatemala a agilizar las acciones penales correspondientes. pic.twitter.com/xnJoTEQQDZ
Las investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción buscan determinar el grado de responsabilidad penal que pudieran tener 28 personas vinculadas a los hechos.
Todos son señalados por delitos de:
- Peculado por sustracción.
- Falsedad ideológica.
- Estafa propia.
- Lavado de dinero u otros activos.
- Abuso de autoridad.
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Califican al Libramiento como una “megaobra”
El Libramiento de Chimaltenango es una obra de infraestructura pública que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
La obra fue inaugurada y puesta en funcionamiento antes de que la empresa encargada de los trabajos declarara que se había cumplido con toda la planificación.
Ese aspecto se hizo público por el exmandatario, durante el acto en el cual se indicó a la ciudadanía que podía hacer uso del tramo.
Según la calificación que en ese entonces dio Morales a la infraestructura, se trataba de una “megaobra” que beneficiaría a todas las personas que se dispusieran a transitar por Chimaltenango.
De acuerdo con lo programado, se disminuiría el tiempo de tránsito.
Sin embargo, pocos días después de que se abrió el paso vehicular comenzaron a notarse las deficiencias en la estructura de los muros y del sistema de tragantes.
El órgano encargado de la persecución penal inició una investigación de oficio, para determinar si hubo daños al patrimonio de la nación.
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