La Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) y otras organizaciones sociales rechazaron el cierre de las siguientes instituciones de la paz y de derechos humanos:
- Secretaría de la Paz (Sepaz)
- Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)
- Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh)
Dichas instituciones fueron creadas para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y las obligaciones internacionales de Guatemala en el tema de derechos humanos.
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Gobierno busca crear nueva comisión
El gobierno del presidente Alejandro Giammattei ordenó el cierre de la Sepaz, de la SAA y de la Copredeh para crear la Comisión por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh).
Pero a criterio de las víctimas del CAI, eso es una “farsa, además es inconstitucional”. Su argumento se basa en que el acuerdo de creación no especifica que dicha comisión asumirá las funciones de las instituciones que serán cerradas.
Tampoco tiene una asignación presupuestaria en el proyecto general del Estado para el próximo año, lo que es evidente la intención de “abandonar los Acuerdos de Paz, de negar la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos del pasado”.
Asimismo, de “ignorar el derecho de las víctimas a la relación, y de debilitar los mecanismos institucionales para la defensa y la promoción de los derechos humanos”.
Lo que evidencia
- Para las organizaciones, la decisión de cerrar las tres instituciones pone de manifiesto la policita antidemocrática del gobierno actual. Además de su objetivo de revertir los avances logrados después de la firma de paz.
- “Las víctimas del CAI y las organizaciones sociales no permitiremos que el gobierno ignore la deuda histórica del Estado en la construcción de la paz y el respeto de los derechos humanos”, indican.
Lo que exigen
- A la Corte de Constitucionalidad: Que resuelva los amparos y las inconstitucionalidades presentadas, y que suspenda inmediatamente el cierre de la Sepaz, la SAA y la Copredeh.
- Al gobierno de Giammattei: Que respete los compromisos del Estado de Guatemala sobre la paz y los derechos humanos, y que cese sus acciones autoritarias y antidemocráticas.
- Al Congreso de la República: Que cumpla su función de fiscalización y que no permanezca pasivo frente a las decisiones arbitrarias del presidente, para que el gobierno respete los compromisos del Estado con la paz y DD.HH.